Los jefes comunales del interior mastican indignación contra el diputado provincial por la Capital. Le echan en cara su pasado aliancista en Famatina, el manejo de cajas y estructuras ministeriales pese a ser un legislador raso y sus pretensiones de disputar la gobernación como delegado del tigrense mientras financia su armado con el presupuesto de la Casa de las Tejas.

La creciente ebullición por la sucesión de Ricardo Quintela abrió una grieta profunda entre los intendentes departamentales y el sector del oficialismo que responde al Frente Renovador. En las últimas horas, tras el raid mediático en el que el diputado provincial Ismael Bordagaray reveló un cónclave reservado entre Sergio Massa y el gobernador para presionar por su propia precandidatura ejecutiva, la dirigencia territorial del interior estalló en reproches abiertos contra el exministro, a quien acusan de actuar como un «empleado de Buenos Aires» sostenido por las arcas provinciales.

En los despachos de los municipios no ocultan el fastidio por la doble vara que impera en el reparto del poder real. Los jefes comunales señalan que, mientras las intendencias atraviesan un cuadro de asfixia financiera sin recursos para obras básicas y con la coparticipación planchada, Bordagaray continúa administrando los recursos, la flota y los contratos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones como si fuera un ministro en funciones, a pesar de ocupar formalmente una banca de diputado raso por el departamento Capital.

Cajas ministeriales y privilegios de un legislador raso

«Hay compañeros intendentes que tienen que hacer malabares para pagar el combustible de los camiones recolectores y Bordagaray se mueve con toda la logística del Estado provincial para su campaña personal», bramó un jefe comunal de los Llanos que participó del reciente cónclave en la Residencia Oficial.

El reclamo apunta a la estructura que el dirigente massista conservó tras su salida formal del gabinete. Pese a haber jurado como legislador provincial, en el peronismo señalan que el andamiaje del área de Transporte continúa respondiendo verticalmente a sus directivas, lo que le permite disponer de contratos, pauta y movilidad territorial sin rendir cuentas a la conducción partidaria.

La misma mirada de recelo, aunque en un tono más atenuado, recae sobre el diputado por Castro Barros, Marcelo del Moral. El exministro de Infraestructura mantiene una fuerte injerencia sobre su antigua cartera, apalancando desde allí su propia recorrida provincial en busca de posicionarse en la grilla sucesoria de 2027.

De la trinchera antiminera con la UCR al corazón del PJ

El malestar de los intendentes trasciende la cuestión de las cajas públicas y se adentra en el terreno de las lealtades históricas. En el peronismo tradicional le recuerdan a Bordagaray su génesis política como el jefe territorial de Famatina que enfrentó con dureza al Partido Justicialista durante más de una década.

Bajo la consigna ambientalista de «El Famatina no se toca», Bordagaray construyó su poder comunal asociado orgánicamente a la Unión Cívica Radical y a la alianza Fuerza Cívica Riojana comandada por Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria. Aquella militancia frentista, que en su momento bloqueó los proyectos estratégicos de desarrollo minero promovidos por el Estado provincial, es hoy desempolvada por los caciques del interior para deslegitimar sus aspiraciones gubernamentales.

«Hizo carrera combatiendo al peronismo desde el radicalismo, después recaló en la Capital como diputado y ahora pretende que el justicialismo lo corone como candidato a gobernador porque se saca una foto con Massa en Tigre», disparan operadores del interior que responden al bloque de intendentes.

La resistencia de los caciques ante la avanzada massista

El choque de intereses coincide con el momento en que los jefes comunales reclaman una mayor gravitación en el diseño electoral. Apenas días atrás, el intendente de General Ocampo, Jorge Salomón, sintetizó el ánimo de la tropa al asegurar que los intendentes son «ganado bagual que no anda en ningún corral» y rechazar cualquier intento de consagrar candidatos por el dedo de la conducción, posición a la que se sumó el jefe comunal de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, al proclamar que 2027 representa «el momento de los intendentes».

En esa trinchera territorial, la pretensión de Sergio Massa de exigir que Quintela delegue el poder en Bordagaray, ubique a Martín Illanes en la Secretaría de Seguridad y posicione al rector de la Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC), César Salcedo, como diputado nacional, es vista como una intromisión inaceptable diseñada desde el centro del país.

Los intendentes están decididos a frenar el avance del Frente Renovador. Advierten que no aceptarán ser meros espectadores de una sucesión digitada por acuerdos de cúpula porteños, y exigen que la boleta justicialista exprese a la militancia que sostiene el territorio en los momentos más críticos del ajuste económico.