El clan libertario activó las alarmas en Buenos Aires por la designación de la hija del magistrado Daniel Herrera Piedrabuena a manos del camarista Jorge Chamía, denunciado por violencia de género. Con la botonera de la Cámara de Diputados y el poder territorial de la Casa Rosada, Martín y «Lule» Menem siguen de cerca el expediente que salpica al juzgado con competencia electoral y preparan el terreno para jugar fuerte en el Consejo de la Magistratura.

El escándalo desatado en los tribunales federales de la calle Joaquín V. González llegó de lleno a los despachos del Congreso de la Nación y de la Casa Rosada. La revelación publicada por La Nación, que expuso cómo el camarista Jorge Chamía nombró como jefa de Despacho a Daniela Herrera Piedrabuena Iturbe mientras su padre instruye una causa penal por acoso sexual y laboral en su contra, encendió el radar directo de Martín Menem y su primo Eduardo «Lule» Menem.

Para la cúpula riojana de La Libertad Avanza, el episodio no es una simple disputa administrativa de pasillo. Los Menem observan con atención quirúrgica el funcionamiento de un fuero que consideran históricamente permeable a los intereses del oficialismo provincial y que ahora quedó expuesto a nivel país por prácticas de nepotismo e intercambio de favores cruzados.

El radar libertario sobre el despacho electoral

El foco de los Menem apunta a una pieza neurálgica del tablero institucional. Daniel Herrera Piedrabuena no es sólo el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia, sino la máxima autoridad con competencia electoral en la provincia. Es el magistrado que valida personerías partidarias, resuelve impugnaciones y fiscaliza las elecciones nacionales en el distrito donde el oficialismo libertario busca consolidar su despliegue territorial hacia 2027.

En el entorno de la Presidencia de la Cámara de Diputados señalan que la designación interina firmada en el Tribunal Oral Federal (TOF) deja al descubierto una fragilidad ética insostenible. Que Chamía haya promovido a la hija del juez que tiene en sus manos su legajo penal debilita la autoridad moral de ambos magistrados justo cuando se avecina una discusión de fondo sobre las reglas electorales y las estructuras de poder en el interior del país.

Desde el armado de Lule Menem en Balcarce 50 leen el episodio como una oportunidad política para exhibir lo que definen como los vicios del régimen local: designaciones discrecionales a dedo, postergación de la carrera judicial por amiguismo y pactos de resguardo mutuo en las altas esferas tribunalicias.

Cruce de favores y el expediente por acoso

La causa penal que originó el temblor compromete a Chamía, vocal del TOF junto a Mario Eduardo Martínez y José Camilo Quiroga Uriburu, quien votó en disidencia frente al nombramiento. La empleada judicial María Emilia Galván denunció al camarista por hostigamiento laboral y acoso que se remontan a 2023. El calvario denunciado derivó en una medida cautelar que le otorgó tareas remotas desde la Ciudad de Buenos Aires para apartarla del ámbito físico de trabajo.

Pese a que Galván contaba con la antigüedad reglamentaria para acceder a la jefatura de Despacho, el tribunal resolvió ascender a Herrera Piedrabuena Iturbe, que revistaba como escribiente. La decisión provocó la impugnación inmediata de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), encabezada en la región por Juan Pablo Tripputi, que denunció la vulneración flagrante de la carrera judicial y reclamó mecanismos de concurso democrático.

El antecedente pesa en los registros nacionales. En 2024, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya había documentado en sus informes sobre nepotismo judicial la concentración de lazos de parentesco dentro del juzgado federal riojano, un antecedente que ahora los armadores libertarios desempolvan para sustentar sus cuestionamientos.

La pulseada por el Consejo de la Magistratura

El momento político nacional potencia el interés del menemismo. La reconfiguración del Senado colocó al Consejo de la Magistratura en una disputa abierta por las mayorías para promover o sancionar jueces. En ese escenario, Cristina Kirchner ungió a la riojana Florencia López como su carta de negociación para integrar el cuerpo, en una jugada que divide aguas en el peronismo vernáculo tras el desmarque de Fernando Rejal.

Con la impugnación gremial en marcha y la advertencia de que el caso escale a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, el bloque oficialista en el Congreso analiza los pasos procesales. Los libertarios evalúan que el expediente riojano puede convertirse en un caso testigo para cuestionar las redes de protección corporativa en los tribunales del norte.

Para los Menem, la jugada tiene un doble valor estratégico: desgasta a la estructura judicial tradicional que convivió sin roces con el PJ riojano y consolida el discurso libertario contra los privilegios de casta en el corazón mismo del poder institucional de la provincia.