La abogada Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe defendió su designación interina como jefa de Despacho del Tribunal Oral Federal y le respondió al gremio judicial. La controversia escaló porque uno de los camaristas que firmó su ingreso está denunciado por acoso laboral en el juzgado de su padre, quien debió inhibirse.

La controversia desatada en los tribunales federales de La Rioja sumó un nuevo capítulo luego de que la abogada Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe —hija del juez federal de primera instancia Daniel Herrera Piedrabuena— saliera públicamente a defender su reciente designación interina como jefa de Despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) local frente a la impugnación presentada por el gremio de trabajadores judiciales.

“Ser hija de un juez no es un mérito ni una falta: es un dato, y no reemplaza una trayectoria construida con trabajo propio”, sostuvo la funcionaria en un descargo escrito dirigido a cuestionar las acusaciones de Juan Pablo Tripputi, secretario general de la Regional 9 (Córdoba y La Rioja) de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

El sindicato conducido a nivel nacional por Julio Piumato había interpuesto un recurso de reconsideración contra la resolución del TOF al denunciar que el nombramiento salteó el escalafón interno sin concurso previo y postergó la carrera administrativa de empleados con casi dos décadas de antigüedad en esa dependencia.

Para rechazar las sospechas de favoritismo familiar, la letrada aseguró que conoce el tribunal desde adentro tras haberse desempeñado allí como escribiente en 2017 y nuevamente entre 2019 y 2023 con causas a su cargo, antes de pasar en julio de 2023 a la Fiscalía General ante el propio TOF mediante el concurso público TA N° 196, además de figurar tercera en el orden de mérito del certamen técnico jurídico TJ N° 306 del Ministerio Público Fiscal.

“No pido un trato preferencial por ser mujer: pido que mis antecedentes tengan el peso que merecen y que mi identidad profesional no quede reducida a ser ‘la hija de’”, remarcó la abogada, quien invocó el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional —que prioriza la aptitud y el título profesional por sobre la antigüedad aislada— y detalló que es egresada y docente concursada de la UNLaR, magíster por la Universidad Austral y posgraduada en la Universidad de Salamanca.

Un nombramiento dividido y una causa cruzada por acoso

Más allá de la disputa escalafonaria con el gremio, el caso adquirió fuerte repercusión nacional porque la designación en el Tribunal Oral Federal fue aprobada en fallo dividido con las firmas de los camaristas Jorge Gamal Abdel Chamía y Mario Eduardo Martínez, mientras que el tercer vocal del cuerpo, José Camilo Quiroga Uriburu, votó en disidencia.

El punto más sensible del conflicto radica en que el juez Chamía enfrenta una denuncia penal por presunto acoso y violencia laboral —por hechos ocurridos en 2023 contra una empleada del tribunal— cuyo expediente tramita precisamente en el Juzgado Federal de La Rioja que encabeza Daniel Herrera Piedrabuena, padre de la flamante jefa de Despacho.

Aunque la investigación contra Chamía había sido delegada en la fiscalía subrogada por Rafael Alberto Vehils Ruiz, tras estallar el escándalo por el nombramiento de su hija en el TOF el magistrado Herrera Piedrabuena resolvió inhibirse y apartarse de la causa para evitar planteos de nulidad o sospechas de parcialidad.

En el plano institucional, los cuestionamientos gremiales también recordaron un relevamiento previo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que había incluido al titular del Juzgado Federal riojano dentro de una lista de 46 magistrados del país que nombraron familiares directos o políticos en sus dependencias, mientras que desde el entorno de Chamía calificaron la denuncia por violencia laboral como “totalmente espuria”.

Para profundizar en los detalles de las impugnaciones gremiales y el trasfondo del conflicto en los tribunales locales, se puede consultar el informe audiovisual sobre la controversia en la Justicia Federal de La Rioja por la designación de personal, que repasa el origen de las denuncias en el fuero provincial.