Golpe al empleo industrial en Chilecito: la fábrica de calzado Chilcal despidió a casi la mitad de su planta y ofrece pagar el 70% de las indemnizaciones en cuotas
La empresa dejó en la calle de un día para el otro a 34 de sus 78 operarios en las áreas de corte y aparado tras invocar un procedimiento de crisis. Los cesanteados denuncian que ni el gremio ni Trabajo les muestran el acta firmada en la Capital y reclaman auxilio urgente a la Provincia.

La empresa dejó en la calle de un día para el otro a 34 de sus 78 operarios en las áreas de corte y aparado tras invocar un procedimiento de crisis. Los cesanteados denuncian que ni el gremio ni Trabajo les muestran el acta firmada en la Capital y reclaman auxilio urgente a la Provincia.
La sangría del empleo privado industrial dejó de concentrarse en los galpones de la Capital riojana y pegó de lleno en el corazón económico del Oeste provincial. En una maniobra ejecutada en menos de veinticuatro horas, la fábrica Chilcal —radicada en la ciudad de Chilecito y dedicada a la confección de calzado de seguridad para trabajo— despidió de manera intempestiva a 34 de sus 78 trabajadores, podando casi el 44% de su plantel operativo a semanas de las fiestas de fin de año.
Según relató Oscar Pérez, uno de los operarios cesanteados de las áreas de corte, preparado y aparado, la secuencia no dio margen a ninguna instancia de salvataje laboral. Un jueves la representación gremial reunió a la tropa para avisarles que la patronal presentaría un procedimiento preventivo de crisis para recortar treinta y cinco puestos; los trabajadores propusieron achicar horas o jornadas semanales para sostener a todas las familias adentro, pero a la mañana siguiente, antes de iniciar el turno del viernes, la gerencia apartó a treinta y cuatro empleados y les comunicó su desvinculación definitiva.
Sueldos cuotificados, recortes a ciegas y burocracia a 200 kilómetros
El derrumbe de Chilcal venía incubándose detrás del atraso crónico en las liquidaciones mensuales: los operarios cobraban sus haberes fraccionados entre los días 10 y 15 de cada mes, aunque nada anticipaba un corte de semejante magnitud ni bajo criterios que en la planta califican de arbitrarios. Entre los echados figuran trabajadores con cinco, seis y hasta diez años de antigüedad y con carga familiar directa, mientras permanecieron en sus puestos empleados de ingreso reciente y menor experiencia.
La bronca en las puertas de la planta chileciteña se multiplicó al conocerse la letra chica extraoficial de las indemnizaciones y el vacío de respuestas institucionales. Sin que la conducción sindical haya bajado a dar explicaciones formales, a los despedidos solo les llegó por boca de los delegados que se habría pactado reducir el resarcimiento legal al 70% del monto correspondiente —tras una oferta inicial del 50%— y abonarlo en cuotas. Cuando los damnificados pidieron copia de lo firmado y acudieron a la delegación local de la Secretaría de Trabajo, se toparon con las manos vacías: les respondieron que en Chilecito no tenían papeles ni información porque todo se había tramitado en los despachos de la Capital, obligándolos a contratar asesoría legal particular con la abogada local Scalet para intentar rastrear su propio futuro.
Promesas en el terreno y el mostrador vacío de Industria
Desamparados entre el silencio sindical y la distancia administrativa, los trabajadores aprovecharon una visita oficial al departamento para interceptar a la vicegobernadora Teresita Madera y al intendente Rodrigo Brizuela y Doria. En un contacto de pocos minutos, ambos dirigentes prometieron trasladarle el reclamo al gobernador Ricardo Quintela para abrir un canal con el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería que encabeza Federico Bazán.
El mazazo en Chilcal desnuda la tormenta perfecta que asfixia a la matriz productiva riojana en este cierre de 2026. Por un lado, la combinación nacional de recesión del consumo, freno a la obra pública y apertura de importaciones golpea de lleno a rubros como el calzado industrial; por el otro, deja en evidencia la impotencia de una supercartera provincial de Trabajo e Industria que convalida expedientes en la Capital sin contención en el interior. En una segunda ciudad provincial ya jaqueada por la crisis vitivinícola y las tarifas de riego, treinta y cuatro familias acaban de pasar a engrosar la fila de desocupados de una provincia con las arcas en rojo y sin red para atajar la caída del empleo formal.
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