Cada tres meses, el Gobierno de La Rioja debe presentar la ejecución presupuestaria en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establecido por la Ley Nº 25.917.
Dicha iniciativa tiene como objetivo establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, dicha Ley se encuentra reglamentada por el Decreto Nacional Nº 1731/04.
La Provincia de La Rioja se encuentra adherida al régimen a través de la Ley Nº 7763.
Según el Gobierno, usó $122.698 millones entre enero y junio, de los cuales $49.246 millones fue para los salarios de los empleados estatales.
¿Qué se hizo con el resto?: $73.452 millones en el primer semestre.
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En el primer semestre, el Gobierno gastó $8.207 millones por mes en salarios
El Decreto Reglamentario 1731/2004 define a la Administración Pública no Financiera y al Sector Público no Financiero como:
Administración Pública No Financiera (APNF):
Incluye todos los organismos y entidades centralizados y descentralizados que no tengan carácter empresarial; las cuentas especiales y fondos afectados, los fondos fiduciarios y las instituciones de la seguridad social.
Organismo Descentralizado:
Entidad con personalidad jurídica, patrimonio propio, autarquía y/o autonomía administrativa y financiera, incluyendo a los Entes Públicos no Estatales donde el Estado tenga la propiedad del patrimonio y/o preponderancia en el control de la toma de decisiones.
Para el caso de la Provincia de La Rioja la APNF comprende a:
(1) Administración Central
(2) Organismos Descentralizados: EUCOP, Administración Provincial de Radio y Televisión Riojana, AJALAR, Administración Provincial de Vialidad, Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, Instituto Provincial del Agua (IPALAR)
Sector Público No Financiero (SPNF):
Comprende la Administración Pública No Financiera, las obras sociales estatales, las empresas y sociedades del Estado que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, empresas interestaduales, todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, y todo ente, instituto u organismo que tenga carácter empresarial.
