Según el Ministerio Público Fiscal, los manifestantes instigaban a un conjunto de personas a cometer delitos, incitando a la violencia colectiva.
En La Rioja se judicializó la protesta. El Ministerio Público Fiscal promovió acción penal a los manifestantes que supuestamente planificaban el atentado contra bienes del estado y la salud pública.
“Que todo ello se postula sin desconocer el derecho constitucional de las personas a manifestarse y expresarse libremente, no obstante cuando esa actividad puede afectar, como en el caso, bienes públicos, la salud pública o cualquier otro derecho de las sociedad en general, la protección de estos últimos bienes jurídicos adquiere preponderancia, por lo que es necesario conciliar uno con el otro tomando las medidas para reducir la afectación del que involucra a toda la sociedad en su conjunto”, dice la resolución.
Y se agrega: «El código penal argentino reprime la conducta de quienes instigan a un grupo indeterminado de personas a llevar a cabo actos delictivos e incitan a la violencia colectiva, en el caso, a prender fuego a bienes públicos, cerrar hospitales y centros de salud poniendo en riesgo la salud de la población, delito este que afecta el orden público por cuanto conlleva una alarma colectiva producida por un hecho concreto que afecta a bienes determinados que pertenecen a la comunidad en general”.
Fue tras que una manifestación de empleados públicos se congregó en la noche del viernes en la céntrica plaza 25 de Mayo de la capital de La Rioja. Alrededor de 4.000 personas se movilizaron en rechazo a la ley promulgada por el gobernador Ricardo Quintela, que lo autorizó a emitir cuasimonedas por el equivalente a $22.500 millones, que estarán destinadas en un 30% al pago de los salarios de los empleados públicos de la provincia del noroeste argentino.
Los manifestantes, con una fuerte presencia de representantes de la Organización Sindical de Trabajadores de la Educación Autoconvocados y de los Autoconvocados de Salud -quienes ya llevan una semana instalados en una carpa en el lugar- expresaron su rechazo al Bono Cancelación de Deuda( Bocade) impulsado por el oficialismo riojano. Acusan a esta medida de profundizar la precarización de los salarios docentes, afectando aún más el bolsillo de los trabajadores.
Los trabajadores que se movilizaron a las calles denuncian que el gobierno incumplió con el último acuerdo paritario que establecía un salario mínimo de $250.000 y, además, critican el bono de $80.000 anunciado para todos los sectores, argumentando que no compensa la fuerte devaluación sufrida.
En medio de la manifestación, se generaron acusaciones cruzadas en las redes sociales. La secretaria de Comunicación y Planificación Pública de La Rioja, Luz Santangelo Carrizo, denunció que están siendo atacados con “noticias falsas y calumnias e injurias constantemente”.
“Lo que están haciendo (escondidos/as) es un crimen organizado y orquestado por la Libertad Avanza y así quieren combatir a nuestro gobernador Ricardo Quintela y a todo su equipo de trabajo. Es importante que todos los riojanos y riojanas sepan a qué nos estamos enfrentando!”, tuiteó Santangelo Carrizo.
Por su parte, el Gobierno aclaró que el aumento de $80.000 para los empleados formales y de $50.000 para los precarizados no se pagarán con cuasimonedas, sino con moneda nacional. Sin embargo, se espera la reglamentación correspondiente por parte del equipo económico.
La emisión de la cuasimoneda
El proyecto que había presentado el Frente de Todos, bloque que domina la Legislatura riojana (con 32 de los 36 integrantes) se aprobó durante la mañana del último miércoles en la sesión 138.
La creación de una moneda propia generó una polémica en las redes sociales con el presidente Javier Milei. “Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan”, escribió desde Davos el primer mandatario, donde asiste al Foro Económico Mundial que se desarrolla en esa ciudad de Suiza, en su cuenta de X (antes Twitter). “Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia”, celebró.
La ley fija que el Poder Ejecutivo deberá llegar a un acuerdo con el Banco Rioja (estatal) “u otras entidades bancarias de plaza, la forma y modalidad de acreditación en cuenta corriente o caja de ahorro u otra forma de depósito bancario, de los importes depositados” en bonos. La idea del gobernador justamente surgió luego de que se desatara un reclamo de las fuerzas policiales riojanas para recomponer sus salarios.
Quintela justificó la necesidad de la emisión de la cuasimoneda en la deuda que el Gobierno nacional mantiene con su provincia por fondos coparticipables que, según dijo, se dejaron de pagar a mediados de noviembre, tras el balotaje.
