A pesar de haber logrado reestructurar su deuda en 2021 con una alta aceptación de los acreedores, la provincia de La Rioja no pudo evitar el default. El incumplimiento de pagos complicó aún más la situación financiera de la provincia, dejando en duda la sostenibilidad del acuerdo alcanzado.
En septiembre de 2021, La Rioja reestructuró su bono internacional RIF25 tras llegar a un acuerdo con sus acreedores. La operación, que alcanzó una aceptación del 98,61%, permitió la emisión de un nuevo bono por USD 318 millones, sustituyendo al bono original de USD 300 millones. Además, se redujo la tasa de interés promedio a un rango de entre el 4,75% y el 8,5%, en comparación con el 9,75% original, y se extendieron los vencimientos hasta 2028.
Sin embargo, a pesar de estos ajustes, la provincia no pudo cumplir con los compromisos establecidos en el acuerdo y entró en default. Este impago reavivó la preocupación entre los acreedores y planteó serios interrogantes sobre la capacidad de La Rioja para afrontar sus obligaciones financieras a largo plazo.
El default ocurrió en un contexto económico difícil, donde la provincia enfrentó crecientes desafíos para equilibrar sus cuentas públicas. La reestructuración, que había sido vista como una solución para aliviar la presión financiera, terminó siendo insuficiente para evitar el incumplimiento de los pagos.
Ahora, la administración provincial enfrenta la posibilidad de tener que renegociar nuevamente con los acreedores o enfrentar acciones legales. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro financiero de La Rioja creció, afectando no solo la economía local, sino también la confianza de los inversores en la gestión provincial.
