El gobernador Ricardo Quintela afirmó que la provincia no puede hacer frente a sus compromisos financieros debido a una deuda de más de $40.000 millones que la Nación mantiene con La Rioja. La administración provincial destacó que la prioridad sigue siendo la población riojana y no permitirá que la situación comprometa los sueldos y servicios esenciales.
El Gobierno de La Rioja, encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, emitió un comunicado este martes en el que responsabiliza al Gobierno Nacional por la imposibilidad de hacer frente al pago de los bonos verdes emitidos en moneda extranjera. La deuda de la provincia con los acreedores internacionales asciende a 66 millones de dólares, sin embargo, Quintela afirmó que el incumplimiento se debe a una deuda de $40.632 millones que el Estado Nacional aún no ha transferido a la provincia.
Según el comunicado, estos fondos corresponden a los establecidos por el artículo 83 de la Ley N° 27701 del Presupuesto Nacional 2023, reconducido para este año, y que a la fecha continúan sin ser enviados. La provincia norteña advirtió que, además de la deuda, la alta inflación y la megadevaluación del 118 % en diciembre de 2023, junto con el ajuste a las transferencias discrecionales, han puesto una fuerte presión sobre las finanzas provinciales.
«La Rioja no está en default, el que está en default es el Estado nacional con La Rioja y por una cuestión transitiva, La Rioja no puede cumplir con sus compromisos», explicó el gobernador Ricardo Quintela, quien también aseguró que su administración busca negociar condiciones más favorables para garantizar la prestación de servicios esenciales y la estabilidad económica en la provincia.
En cuanto a la intimación de CAMMESA a la empresa estatal Edelar por deudas acumuladas, Quintela fue contundente: «Entre CAMMESA y los riojanos, me quedo con los riojanos». El gobernador reafirmó su decisión de no trasladar los aumentos de tarifas de energía a los consumidores riojanos, una medida dispuesta por el gobierno nacional que considera injusta y perjudicial para la economía local.
Finalmente, Quintela subrayó que su prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los recursos se destinen a lo más urgente: los sueldos de los empleados públicos y los servicios básicos de la provincia.
