Tras las críticas por los acuerdos firmados con la empresa israelí Mekorot, denunciada por la ONU, la Jefatura de Gabinete aseguró que los convenios son de asistencia técnica para la gestión de recursos hídricos, y no implican la privatización del agua ni la entrega de soberanía sobre los bienes comunes.
En medio de un creciente debate sobre la soberanía de los recursos naturales, la Jefatura de Gabinete salió a aclarar los recientes acuerdos firmados con la empresa estatal israelí Mekorot, denunciada por la ONU por el uso del agua como herramienta de control en territorios palestinos. Las críticas surgieron en varios sectores sociales, que cuestionaron la posibilidad de que el agua, un bien común consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, pudiera ser privatizada o entregada a intereses extranjeros.
Según la Jefatura de Gabinete, los acuerdos con Mekorot, firmados en septiembre de 2022 por las provincias de San Juan y Mendoza, y en febrero de 2023 a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para otras cinco provincias (Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz), tienen el único propósito de proporcionar asistencia técnica. «Estos convenios no implican la entrega de soberanía sobre los recursos hídricos ni la venta del agua al mejor postor», aclararon desde el Ejecutivo.
La asistencia técnica proporcionada por Mekorot se centrará en optimizar la gestión del agua, un recurso cada vez más estratégico ante los efectos del cambio climático y la escasez hídrica en varias provincias argentinas. Las autoridades subrayaron que los derechos sobre el agua en Argentina están protegidos por la Constitución y por diversas normativas, garantizando que este recurso seguirá siendo un bien público y de acceso para todos los ciudadanos.
