El gobernador Ricardo Quintela decidió vetar la Ley N° 10.745, sancionada por la Cámara de Diputados de La Rioja, que declaraba de utilidad pública un inmueble en el centro de la ciudad para convertirlo en Espacio Cultural y Turístico. La medida busca resguardar el derecho a la propiedad privada y la función social de la propiedad, según informó el gobierno provincial.
En una decisión que ha generado reacciones en la provincia, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, vetó la Ley N° 10.745, sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 19 de septiembre. La ley, promovida por el Bloque Justicialista y aprobada por mayoría, declaraba de utilidad pública un inmueble ubicado en la Av. Rivadavia de la ciudad Capital, propiedad de la familia Demichele, con el objetivo de expropiarlo y destinarlo a un Espacio Cultural y Turístico.
Según el Decreto N° 1.525, firmado por Quintela y publicado el 15 de octubre de 2024, se estableció el veto total de la ley argumentando que la medida contraviene derechos constitucionales. La decisión se basa en un informe del Órgano Asesor General de Gobierno que cuestiona la falta de justificación para la expropiación y su impacto en el derecho a la propiedad privada y el interés social.
El documento oficial destaca que, aunque el Código Civil y Comercial de la Nación permite limitaciones al dominio en interés público, cualquier expropiación debe estar debidamente fundamentada y garantizar el respeto a los derechos constitucionales. «El derecho a la propiedad privada no puede verse afectado sin una justificación clara y legal», argumentó el decreto firmado por el gobernador.
El inmueble en cuestión, de 682 m², pertenece a la familia Demichele y está ubicado en el centro de la ciudad, en una zona de alto valor estratégico y cultural. Aunque la ley proponía convertir el espacio en parte del Patrimonio Provincial, el Ejecutivo provincial consideró que no se cumplía con los requisitos legales necesarios para proceder a la expropiación.
Con este veto, el gobernador Quintela busca preservar los derechos de los propietarios y asegurar que cualquier medida de expropiación esté respaldada por una «expresa y precisa justificación legal». La decisión ha generado debate entre los legisladores y sectores interesados en el desarrollo cultural de la provincia, mientras se espera una posible revisión o modificación de la ley.
