El plan nacional prevé más de 200 despidos y la venta de propiedades del INTA, generando preocupación en los trabajadores. Desde APINTA La Rioja, su delegado calificó las medidas de arbitrarias y perjudiciales para la institución.

El Gobierno Nacional anunció un controvertido plan para «modernizar» el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que incluye la reducción de más de 200 empleados y la venta de edificios pertenecientes a la institución. La medida ha generado fuerte preocupación y rechazo entre los trabajadores, quienes consideran que estas acciones podrían comprometer el funcionamiento y las capacidades del organismo.

Juan Agüero, delegado de APINTA La Rioja, expresó su descontento en declaraciones a FENIX. «Genera mucha preocupación dentro de la institución. Lo que más ruido nos hace es la arbitrariedad de algunas decisiones, como la venta de edificios que el INTA ha levantado con tanto esfuerzo», señaló.

Agüero destacó que no se comprende el criterio detrás de la cifra de despidos anunciada y subrayó el impacto que estas decisiones tendrán en provincias como La Rioja, donde el INTA se divide en dos regiones con actividades clave como la cría de ovinos y otros proyectos productivos. «En La Rioja somos 114 trabajadores en planta semipermanente. Estas medidas no solo afectan a las familias de los empleados, sino también al desarrollo rural de la región», agregó.

El plan del Gobierno ha sido justificado como una estrategia para optimizar los recursos del organismo, pero los trabajadores temen que las medidas terminen debilitando la capacidad técnica y operativa del INTA, que ha sido fundamental para el desarrollo agropecuario del país.

El sindicato de trabajadores del INTA ha convocado a reuniones para evaluar posibles medidas de protesta y exigir al Gobierno la revisión del plan de modernización. «No estamos en contra de cambios que beneficien a la institución, pero estas decisiones parecen apuntar más al ajuste que a una verdadera modernización», concluyó Agüero.

Mientras tanto, la comunidad agropecuaria y científica sigue atenta a las repercusiones de estas medidas, que podrían redefinir el futuro de una de las instituciones más emblemáticas del sector en Argentina.