Un cóctel explosivo sacude a La Rioja. La estrategia del quintelismo para controlar el Poder Judicial, una marcha ciudadana que dijo «basta» y la valiente denuncia de una jueza contra un miembro del Tribunal Superior pintan el cuadro de una crisis institucional que amenaza con implosionar.
Lo que hasta hace unas semanas se leía en clave de disputa política palaciega, una batalla más entre las facciones que dominan el peronismo riojano, escaló hasta convertirse en una crisis institucional de final incierto. El Poder Judicial de La Rioja está en el centro de un huracán perfecto, compuesto por tres frentes que se retroalimentan: la ofensiva política del oficialismo, el hartazgo ciudadano expresado en una marcha histórica y, como golpe de gracia, el quiebre expuesto de su estructura interna.
1. El Frente Político: La estrategia para controlar la Justicia
El punto de partida de esta crisis es la avanzada del «quintelismo» sobre las estructuras de poder que aún responden al exgobernador Luis Beder Herrera. El objetivo es claro: el control total de la Justicia de cara a 2027. La estrategia se despliega sin disimulo:
- Juicios Políticos selectivos: La presión se enfoca en magistrados identificados como «bederistas», como Claudio Saúl, Luis Brizuela y, principalmente, Claudio Ana, miembro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), contra quien se impulsaron pedidos de juicio político.
- Escraches y amenazas veladas: La aparición de enigmáticos pasacalles, como el que rezaba «Frutilla coimea al TSJ», son la cara más visible de una guerra de guerrillas que busca desgastar y amedrentar.
- «Amigos» intocables: La ofensiva se cuida de no tocar a figuras cercanas al poder de turno, como la jueza Karina Becerra (sobrina del gobernador) o la exministra Gabriela Asis, lo que desnuda la motivación política por sobre cualquier afán de reforma judicial.
2. El Frente Social: La calle dice «basta»
Mientras la política movía sus fichas, la ciudadanía irrumpió en el tablero. Una masiva e inédita marcha ciudadana colmó el centro de la capital y superó las convocatorias de los aparatos políticos. Con consignas que pedían independencia, transparencia y el fin de la corrupción, la gente demostró que el conflicto ya no era solo de la «casta». El lema «No es capricho de unos pocos, es la necesidad de muchos» se convirtió en el grito de guerra de una sociedad que exige que la Justicia le rinda cuentas.
3. El Frente Interno: Una jueza rompe el silencio y expone la podredumbre
Este fue el giro que nadie esperaba y el que terminó de dinamitar el ya frágil equilibrio. La jueza Karina Cabral, primero con una reflexión celebrando la marcha ciudadana y luego con una denuncia directa, se convirtió en la protagonista inesperada.
- Primero, la empatía: Cabral validó el reclamo popular, calificó la marcha como un «verdadero acto de esperanza» y, crucialmente, incluyó a los operadores judiciales como «víctimas de condiciones laborales nefastas».
- Luego, la denuncia: Tras tomarse unos días de licencia, la jueza le puso nombre y apellido a ese maltrato. En una entrevista radial, denunció públicamente al juez del TSJ, Claudio Ana, por violencia laboral. «Me he sentido hostigada», sentenció. Su revelación más grave fue, quizás, la confesión de la total inacción del máximo tribunal ante sus quejas: «He hablado con integrantes del Tribunal Superior de Justicia sobre esta situación, pero nunca me prestaron atención».
Panorama de una implosión
Hoy, La Rioja asiste a un escenario de implosión institucional. La denuncia de Cabral no es solo un testimonio; es la prueba de que la crisis es sistémica. Ya no se trata de «quintelismo» vs. «bederismo». Se trata de una Justicia cuya credibilidad está por los suelos, donde los ciudadanos no confían, los políticos la usan como campo de batalla y sus propios integrantes denuncian sentirse violentados y desprotegidos por la cúpula.
La postal más desoladora de un poder del Estado que perdió su rumbo y su autoridad moral es la de una jueza que se atreve a denunciar a un superior y a la vez pide medidas de protección personal. La pregunta ya no es quién ganará la puja política, sino si el sistema judicial riojano, tal como lo conocemos, puede sobrevivir a esta crisis.
