Luego de que la Justicia suspendiera el DNU de Javier Milei para disolver Vialidad Nacional, un bloque de senadores peronistas, con la firma del riojano Fernando Rejal, presentó un proyecto para declarar la emergencia del sistema vial por dos años y proteger al organismo de cualquier intento de desguace.
El plan del Gobierno de Javier Milei para cerrar la Dirección Nacional de Vialidad encontró un nuevo obstáculo judicial y generó una rápida respuesta legislativa que busca blindar al organismo. Tras el fallo de la Justicia federal de San Martín que suspendió el decreto gubernamental (DNU 461/2025, publicado el 8 de julio) que ordenaba la disolución de Vialidad, un bloque de senadores peronistas presentó un proyecto de ley para protegerlo, declarándolo ente público estratégico y exceptuándolo de cualquier plan de privatización o desguace.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Ejecutivo apelará la decisión judicial. No obstante, el fallo provocó un efecto político inmediato, impulsando a los senadores del bloque Convicción Federal a movilizarse en defensa del organismo. La propuesta legislativa busca declarar por ley la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años, con el objetivo explícito de frenar los intentos de privatización y garantizar la continuidad de las obras públicas paralizadas desde diciembre pasado.
El proyecto de ley lleva las firmas de los senadores Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y el riojano Fernando Rejal. Su articulado busca reconocer a Vialidad Nacional como un ente estratégico para el desarrollo del país. Además, plantea aumentar su presupuesto, establecer protocolos de mantenimiento de rutas, planificar acciones ante emergencias y blindarlo ante posibles modificaciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
Un punto crucial de la iniciativa es que establece que Vialidad Nacional quedará expresamente exceptuada de los alcances del DNU 70/2023, la norma «madre» del Gobierno libertario que permite transformar entes públicos en sociedades anónimas. Esto refuerza la protección institucional del organismo, al que los legisladores consideran «vital para la conectividad, el transporte de la producción y la seguridad de quienes circulan por las rutas argentinas».
En el Congreso, ya se acumulan más de veinte iniciativas legislativas de diputados y senadores que cuestionan el DNU 461/2025. Todas ellas apuntan a frenar reubicaciones, cesantías, suspensiones y cualquier tipo de supresión estructural en la Dirección Nacional de Vialidad.
La suspensión judicial: Un revés para el Ejecutivo
La resolución que dio marcha atrás con el decreto presidencial la dictó la jueza Martina Forns, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°2. La magistrada aceptó una medida cautelar promovida por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). Forns entendió que el decreto presidencial excedía las facultades delegadas por la recientemente aprobada Ley Bases, que no habilita el cierre de entes autárquicos como Vialidad. Además, advirtió sobre los daños inminentes que podría provocar la implementación del DNU, al permitir «traslados forzosos, vaciamiento funcional y despidos encubiertos» en un área que requiere autonomía técnica.
La secretaria general de SEVINA, Emiliana Mcnamara, confirmó que «por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad», gracias a la vigencia de una medida de no innovar que suspende cualquier efecto del decreto. La dirigente gremial explicó que la Dirección Nacional de Vialidad se creó por una norma con jerarquía de ley y no se puede eliminar por decreto. A su vez, calificó como «arbitraria» la decisión del Gobierno, que pretendía repartir sus funciones en otras áreas bajo la órbita del Ministerio de Economía.
