El secretario general de la Cámara de Diputados, y dirigente de LLA, Diego Molina Gómez, denunció un plan del gobernador Ricardo Quintela. Según el funcionario, la estrategia busca forzar un precedente legal para una nueva reelección, mientras corre el plazo para que prescriban las rendiciones de cuentas pendientes en la provincia.
Una grave acusación política irrumpe en la escena riojana, esta vez desde la principal fuerza opositora. El secretario general de la Cámara de Diputados y dirigente de La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, denunció un presunto plan del gobernador Ricardo Quintela para mantenerse en el poder más allá de su mandato. La acusación, que se da en medio de la polarización política, expone un intento de manipular el sistema legal de la provincia para asegurar la continuidad del oficialismo.
Según Molina Gómez, el gobernador utiliza la candidatura de un referente para un cargo de diputado provincial con un fin oculto. El objetivo no sería solo ganar un asiento en la Legislatura, sino forzar un precedente interpretativo en el Tribunal Electoral Provincial que, con la nueva Constitución, «habilita una nueva re re». De esta forma, Quintela podría abrir la puerta para presentarse como candidato a gobernador en 2027.
La denuncia va más allá y revela una estrategia de dos vías. Molina Gómez afirma que el gobernador cuenta con un plan B. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación «puede frenarlo», el proceso mismo le permitiría ganar tiempo. Y, sobre el final del camino, «le permitiría imponer, sobre el final del proceso, a su socia Pedralli como candidata». Este movimiento se vincula, a su vez, con la sospecha de que el gobernador busca «imitar a su par de Santiago del Estero Gerardo Zamora» con la postulación de su esposa, una decisión personal que en su momento causó «silencio en el peronismo».
El móvil detrás de este presunto plan sería de índole financiera. La acusación sostiene que «el quintelismo necesita de 5 años para que prescriban las rendiciones pendientes en el Tribunal de Cuentas provincial». Esto convierte al plan en una doble apuesta: una por la perpetuación en el poder y otra por la impunidad en el manejo de los fondos. La denuncia de Molina Gómez, si bien es una acusación política, añade una nueva y grave capa a la crisis política que vive La Rioja, donde la lucha por el poder ya no se juega solo en las urnas, sino en los límites de la Constitución y la Justicia.
