La sensación de que los «hechos consumados» son la única ley en La Rioja se ha arraigado en la sociedad, y no es casualidad. Una mirada atenta al funcionamiento de los poderes del Estado y a los recientes escándalos judiciales y políticos revela un patrón alarmante: la falta de investigación, la impunidad y la percepción generalizada de que nada está separado.
La idea de que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial actúan de manera independiente parece ser una utopía. En una provincia donde los lazos de poder son tan estrechos, los conflictos de interés no son la excepción, sino la regla. Desde la justicia que no actúa de oficio ante hechos de público conocimiento, hasta los vínculos políticos y económicos que se entrelazan en cada esfera de la administración, la ciudadanía observa con frustración cómo la institucionalidad se desmorona.
La Rioja parece estar atrapada en un ciclo de «quistes» que corroen la transparencia y la confianza. La falta de acción judicial en casos de corrupción, el silencio ante las denuncias más graves y la aparente complicidad entre los distintos estamentos del poder han generado una desilusión colectiva. La gente ve, a diario, cómo se ignoran las pruebas y se desestiman las acusaciones, lo que refuerza la idea de que hay una impunidad endémica.
Esta situación no solo afecta a la moral pública, sino que también socava la base misma de la democracia. Cuando la justicia no es ciega, y los poderes del Estado no son contrapesos, el sistema se colapsa. Para muchos riojanos, la única salida es un cambio drástico, un «giro de 180 grados» que permita reconstruir la institucionalidad desde sus cimientos y recuperar la confianza en las instituciones. Sin una justicia que actúe con independencia y sin la voluntad política de sanear estos «quistes», La Rioja continuará inmersa en una espiral de desconfianza e inacción que, a la larga, resultará insostenible.
