El Gobierno riojano promulgó la Ley N° 10.834, que crea el Observatorio Participativo Ambiental y Minero, un organismo multisectorial que incluye académicos y organizaciones civiles. El objetivo central es «incentivar la investigación» y el desarrollo de estrategias para articular la minería con la gestión ambiental y la crucial licencia social.
La Rioja busca un nuevo enfoque para abordar la compleja relación entre el desarrollo minero, la protección del ambiente y el consenso social. A través del Decreto N° 1.354 del 9 de octubre de 2025, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 10.834, sancionada por la Cámara de Diputados.
La nueva legislación crea el Observatorio Participativo Ambiental y Minero, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción y Ambiente.
El Órgano Multisectorial y su Misión
El Observatorio fue concebido como un espacio de alto nivel técnico y social. Estará constituido por un equipo interdisciplinario y multisectorial, incluyendo:
- Especialistas, académicos e investigadores de Universidades Nacionales y Provinciales.
- Representantes de organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la temática minera.
Los objetivos del Observatorio son ambiciosos y buscan dotar a la provincia de herramientas para gestionar los conflictos que históricamente generó la actividad minera.
Los puntos centrales de su misión son:
- Articular Licencia Social y Ambiente: El objetivo primario es incentivar la investigación y el desarrollo de estrategias para articular el desarrollo de la actividad minera con la licencia social, la gestión ambiental y la eficacia energética.
- Diagnóstico y Difusión: Deberá mantener un diagnóstico actualizado del estado de la actividad, difundiendo investigaciones nacionales e internacionales.
- Abordaje de Conflictos: Un objetivo clave es proporcionar a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para facilitar el abordaje y mitigación de conflictos mineros.
La creación de este Observatorio, impulsada por los bloques Norte Grande y Justicialista, es una señal política de que La Rioja busca avanzar en el desarrollo de sus recursos, pero bajo un marco de mayor consenso, transparencia y control científico que le brinde la tan reclamada licencia social.
