Manuel Adorni encabezó la última reunión del organismo consultivo para definir los proyectos que irán a extraordinarias. Con el mendocino Alfredo Cornejo como único vocero de las provincias, la administración de Quintela advierte sobre el impacto de la flexibilización en su parque industrial y la falta de federalismo en el debate
En una reunión con aroma a despedida y hermetismo, el Consejo de Mayo selló en la Casa Rosada los términos de su informe final. El documento, que servirá de base para el paquete legislativo que Javier Milei pretende tratar en sesiones extraordinarias, incluye una ambiciosa reforma laboral y tributaria. Sin embargo, la mesa chica donde se cocinaron estos cambios dejó una postal política elocuente: la representación de las provincias recayó exclusivamente en el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, dejando fuera del debate a los mandatarios peronistas como el riojano Ricardo Quintela, quienes ahora se preparan para dar la batalla artículo por artículo en el Congreso.
Con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presidiendo el encuentro en reemplazo de Guillermo Francos, el Consejo reunió a sus consejeros estables: Cristian Ritondo (PRO) y Carolina Losada (UCR) por el Legislativo; Martín Rappalini (UIA) por los empresarios; Gerardo Martínez (CGT) por los sindicatos; y el ministro desregulador Federico Sturzenegger.
«Vamos a discutir el documento final», se limitó a decir Sturzenegger al ingresar con una pila de papeles. Esa «letra chica» es lo que enciende las alarmas en el gobierno de La Rioja, que ve en la avanzada libertaria una amenaza directa para su tejido productivo y los derechos de los trabajadores estatales.
El impacto en el modelo industrial riojano
Según trascendió, el borrador avalado por el Consejo impulsa cambios estructurales: convenios por empresa en lugar de por gremio, modificaciones en las indemnizaciones, bancos de horas y la opción de cobrar salarios en moneda extranjera.
Para La Rioja, cuya economía depende fuertemente de un Parque Industrial sostenido con aportes estatales y una fuerte presencia sindical, la propuesta de «convenios por empresa» es vista como un intento de atomizar el poder de negociación de los gremios nacionales en las fábricas textiles y del calzado radicadas en la provincia.
La voz cantante de la resistencia en la reunión la llevó Gerardo Martínez, quien advirtió: «No vamos a aceptar una reforma que implique pérdida de derechos». Esta postura de la CGT sintoniza con la estrategia de Quintela, quien mantiene una alianza estrecha con el sindicalismo tradicional para oponerse al «ajuste» nacional.
Un debate sin federalismo pleno
La presencia solitaria de Cornejo en representación de los gobernadores ratifica la grieta política que divide al mapa federal. Mientras el mendocino acercó las posiciones del ala «dialoguista», las provincias del Norte Grande alineadas con el peronismo —como La Rioja, Formosa y Santiago del Estero— quedaron sin interlocutores en la redacción del anteproyecto.
La senadora Losada reconoció que el clima de confianza se vio afectado por filtraciones de borradores que «no estaban acordados». Esa desprolijidad es la que el oficialismo riojano espera explotar en el debate parlamentario. Con el documento cerrado en Balcarce 50, la discusión se muda ahora al Congreso, donde los legisladores que responden a Quintela ya anticipan que no validarán a libro cerrado una reforma diseñada sin la visión del interior profundo.
