Las dos universidades de La Rioja firmaron la demanda colectiva del Consejo Interuniversitario Nacional. Buscan frenar el decreto 759/2025 y exigen la actualización inmediata de salarios y becas ante una pérdida del 40% del poder adquisitivo.
Las universidades nacionales con sede en la provincia de La Rioja han decidido llevar su reclamo a los tribunales federales. Tanto la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) como la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) se constituyeron como actores clave en la acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el Poder Ejecutivo, exigiendo la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 que frenó la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación judicial, que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 a cargo del juez Diego Martín Cormick, cuenta con la firma de los rectores de 51 casas de altos estudios, incluyendo a las autoridades riojanas. En el escrito, la UNLaR fijó su domicilio legal en la Avenida Dr. Luis M. de la Fuente, en la capital provincial, mientras que la UNdeC hizo lo propio desde su sede en la calle 9 de Julio, en Chilecito.
El nudo del conflicto radica en la suspensión de la Ley 27.795. El Gobierno argumentó que dicha norma no podía ejecutarse sin fuentes de financiamiento específicas. Sin embargo, las universidades riojanas y el CIN sostienen que no se trata de un «gasto nuevo», sino de una actualización obligatoria por inflación de partidas ya existentes en el presupuesto.
Números en rojo
El amparo expone cifras contundentes sobre la crisis salarial que afecta a docentes y no docentes en La Rioja y el resto del país. Según el propio decreto cuestionado, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, los salarios universitarios aumentaron un 128,49%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período trepó al 220,45%.
En la demanda, se solicita una medida cautelar urgente para que el Gobierno actualice los fondos destinados a salarios y becas estudiantiles en un 40,25% de manera inmediata, advirtiendo que la situación es de carácter alimentario y no admite demoras.
Movimiento judicial
La causa, caratulada como «Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25», tuvo su primer movimiento procesal relevante este 19 de noviembre. El fiscal federal Fabián Omar Canda decidió excusarse de intervenir en el expediente.
En su dictamen, Canda explicó que, por «razones de decoro y delicadeza», no podía opinar sobre la competencia del tribunal, dado que se desempeña como profesor adjunto regular en la Facultad de Derecho de la UBA, una de las instituciones integrantes del CIN que impulsan la demanda.
