En un movimiento que sacude el tablero político provincial, el gremio de la construcción y su obra social, OSPECON, demandaron a Rioja Vial SAU; reclaman deudas impagas en una causa que ya tramita en el Juzgado Federal de La Rioja y expone la fragilidad de las cuentas públicas.
El cierre del año trajo un frente de tormenta inesperado para la administración de las empresas estatales en La Rioja. En una maniobra judicial que rompe la paz social entre el sindicalismo y el gobierno provincial, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y su brazo de salud, OSPECON, iniciaron demandas de ejecución fiscal contra Rioja Vial SAU, una de las firmas de participación estatal mayoritaria claves en la obra pública local.
Los expedientes, a los que tuvo acceso este medio, ingresaron formalmente al sistema judicial el pasado 23 de diciembre de 2025, apenas horas antes de las festividades, marcando un mensaje político contundente. La Justicia Federal de Córdoba, con asiento en la dependencia del Juzgado Federal de La Rioja, ya dio curso a las actuaciones bajo la carátula de «Ejecución Fiscal – Varios».
El detalle de las demandas
La ofensiva judicial se divide en dos frentes simultáneos que ponen contra las cuerdas las finanzas de la empresa estatal:
- El reclamo de la Obra Social: Bajo el expediente FCB 040819/2025, OSPECON reclama los fondos correspondientes a los aportes de salud de los trabajadores que, según la demanda, no fueron depositados en tiempo y forma por la empresa estatal.
- El reclamo Sindical: En paralelo, bajo el expediente FCB 040820/2025, la UOCRA exige el pago de las contribuciones gremiales y otros ítems convencionales adeudados.
Ambos escritos fueron incorporados a las 10:38 y 10:53 de la mañana respectivamente, activando de inmediato el «Cambio de estado de expediente» a la situación de «Inicio / Demanda».
Un golpe al modelo de las SAPEM
Este litigio golpea la línea de flotación del modelo económico provincial, que se apoya fuertemente en las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). Rioja Vial SAU no es una constructora más; es el brazo ejecutor del Estado para el mantenimiento de caminos y obras de infraestructura. Que el gremio más poderoso del sector, históricamente aliado al peronismo gobernante, decida llevar a una empresa pública al banquillo de los acusados por falta de pago, es una señal de alarma sobre la liquidez de las arcas riojanas.
Fuentes judiciales indicaron que la naturaleza de la demanda, «Ejecución Fiscal», es un procedimiento sumario y expeditivo. No se discute la causa de la deuda, sino que se busca el cobro inmediato de títulos ejecutivos. Si Rioja Vial no regulariza su situación o presenta excepciones válidas en el corto plazo, la Justicia podría avanzar sobre las cuentas bancarias de la firma estatal.
«En Despacho»
Actualmente, ambos expedientes figuran en situación de «En Despacho» en la Secretaría de Leyes Especiales. Esto significa que el juez federal deberá resolver en las próximas horas las primeras medidas, que podrían incluir intimaciones de pago o embargos preventivos.
El silencio oficial por parte de la empresa demandada contrasta con la contundencia de los documentos presentados: «Formulario Único de Ingreso de Expediente», reza el sistema, sellando el inicio de un conflicto que promete escalar en las primeras semanas de 2026. La falta de giro de fondos a la seguridad social es, a menudo, el primer síntoma de una crisis de caja mayor que ahora deberá dirimirse en los tribunales federales.
