Juan Luna Corzo salió al cruce de la denuncia penal contra el gobernador; sostuvo que la judicialización busca ocultar una “realidad económica escalofriante” y detalló el impacto del ajuste en el mercado laboral de la provincia.
El jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna Corzo, se sumó a la cerrada defensa del gobernador Ricardo Quintela tras la denuncia penal presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli. Para el ministro coordinador, el avance judicial contra el mandatario provincial no es más que una maniobra distractiva para evitar la discusión sobre el deterioro de los indicadores sociales y económicos bajo la gestión de Javier Milei.
A través de sus redes sociales, Luna Corzo utilizó una metáfora elocuente para describir la estrategia de la Casa Rosada y Comodoro Py: «Perseguir judicialmente a quien advierte la realidad es la vieja receta para tapar el sol con la mano».
“Perseguir judicialmente a quien advierte la realidad es la vieja receta para tapar el sol con la mano”.
El impacto en el empleo: una cifra «escalofriante»
Más allá de la batalla jurídica, el jefe de Gabinete puso el foco en el dato que más preocupa a la administración riojana: la caída de la actividad económica y su correlato en el mercado de trabajo. Según las proyecciones oficiales que maneja la provincia, el escenario para el presente año es crítico.
«Mientras se denuncia penalmente al Gobernador por decir lo que todos vemos, la realidad económica escalofriante: solo en este 2026 se estima la pérdida de 24.000 puestos de trabajo», sentenció el funcionario. La cifra representa un golpe letal para la estructura productiva de una provincia que depende fuertemente de la obra pública y la industria textil, sectores hoy paralizados por el recorte de transferencias nacionales.
La estrategia de la «judicialización»
Para el riojanismo, la denuncia por supuesta «incitación a la violencia» contra Quintela es una herramienta de disciplinamiento político. Luna Corzo sostiene que el gobernador solo está cumpliendo con su rol de alertar sobre un «escenario límite» que atraviesan las familias riojanas.
- La denuncia: El oficialismo provincial ve una intencionalidad política en la celeridad del fiscal Stornelli.
- El contraste: Contraponen los expedientes judiciales con las urgencias de la calle y el desempleo.
- El mensaje: Ratifican que no dejarán de señalar el impacto del ajuste pese a las presiones de los tribunales federales.
“Denuncian penalmente al Gobernador por decir lo que todos vemos, una realidad económica escalofriante”.
Un frente unido contra el ajuste
Con las declaraciones de Luna Corzo, el gabinete de Quintela completa un esquema de vocería rotativa para blindar al gobernador. La estrategia consiste en desplazar el eje de la discusión desde la «sedición» o la «incitación» hacia la crisis del federalismo y la defensa de los puestos de trabajo.
La mención a los 24.000 empleos en riesgo funciona como un mensaje directo a la sociedad riojana, vinculando las complicaciones judiciales del mandatario con la suerte de los trabajadores locales. En la visión del jefe de Gabinete, la denuncia de Stornelli es solo el ruido de una gestión nacional que no puede —o no quiere— ver las consecuencias sociales de su plan económico.
