El magistrado Daniel Herrera Piedrabuena advirtió sobre el avance del narcomenudeo y las graves falencias estructurales del Estado. «Vamos desbaratando las bandas, acá son 24 horas, no paramos», afirmó, mientras expuso demoras insólitas de las fuerzas de seguridad y exigió a los legisladores reformar los códigos procesales.
Lejos de ser un territorio de paso, el avance del narcotráfico se consolidó como una problemática que no da tregua y amenaza con desbordar a las instituciones en el norte argentino. El juez federal con competencia múltiple de La Rioja, Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, trazó un diagnóstico alarmante sobre la lucha contra las drogas en la provincia, dejando al descubierto un sistema penal y de seguridad al borde del colapso total por la falta de recursos y leyes desactualizadas.
La radiografía expuesta por el magistrado revela un escenario de extrema vulnerabilidad donde la sofisticación del delito avanza mucho más rápido que la respuesta estatal. «Es grave el tema del narcomenudeo, tenemos que prestarle atención. Vamos desbaratando las bandas, acá son 24 horas, ¿no? No paramos todos los días con allanamientos y detenciones», reconoció Herrera Piedrabuena en una profunda entrevista.
El ejemplo más gráfico de esta crisis ocurre intramuros: ante la histórica falta de una cárcel federal en la provincia, los detenidos por narcotráfico terminan alojados en dependencias del servicio penitenciario local. «No tenemos capacidad para tener gente detenida», admitió el juez. En esas dependencias provinciales, vulnerables y superpobladas, ya se ha comprobado el ingreso sistemático de estupefacientes mediante el uso de drones que sobrevuelan y arrojan los paquetes directamente a los pabellones. Frente a esta realidad, el magistrado reflexionó: «El genio para manejar la droga y venderla es inimaginable».
Así el día a día judicial se estrella contra un embudo burocrático en la lucha contra el crimen organizado.
El verdadero freno para la justicia ocurre después de las incautaciones. Los peritajes toxicológicos, a cargo de Gendarmería Nacional y requeridos obligatoriamente para avanzar con los procesamientos, registran demoras inconcebibles. «Las pericias, que son las que después sirven para procesar (…) ¿sabe cuánto está tardando la Gendarmería? Cinco meses», reveló el juez, exponiendo una falla estructural inaudita.
Ante este panorama donde los recursos escasean y el delito se moderniza, el juez remarcó que la responsabilidad excede a los tribunales y apuntó directamente al Congreso de la Nación. «Hay que reformular los códigos procesales, los legisladores se tienen que plantear eso. ¿Para qué? Para que nosotros, los jueces, podamos en corto tiempo poder proceder, porque nosotros nos manejamos con estos códigos», exigió.
En un contexto donde la sociedad demanda celeridad, Herrera Piedrabuena dejó un mensaje claro para la política: «Si los códigos son laxos y permiten que los procesos judiciales se alarguen, las respuestas hoy que quiere la sociedad son rápidas».
