Desde La Rioja, el Colegio de Farmacéuticos provincial encendió las alarmas por la nueva Resolución 1 del 2026 que flexibiliza el patentamiento a favor de los laboratorios multinacionales. Aseguran que la medida pone en jaque a la industria nacional de genéricos y restringirá dramáticamente el acceso a tratamientos crónicos y de alto costo para millones de argentinos.
El acceso a la salud en la Argentina se enfrenta a lo que los especialistas ya catalogan como un posible escenario de «catástrofe». En medio de un contexto económico complejo donde los bolsillos de los ciudadanos sufren el día a día, una silenciosa pero contundente modificación normativa amenaza con alterar para siempre el mercado de los medicamentos en el país, encareciendo drásticamente los precios y limitando el acceso a los tratamientos.
La luz de alerta roja se encendió desde el interior del país. Silvia Brizuela, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, advirtió sobre las graves consecuencias de la flamante Resolución 1/2026, dictada en conjunto por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Según la especialista, esta medida viene a desarmar el esquema de protección vigente desde 2012 (Resolución 118) y le abre la puerta a un monopolio de los grandes laboratorios extranjeros en claro detrimento de la producción local.
«Esto genera monopolio, aumenta el precio del medicamento y disminuye el acceso por parte no solo de la población, sino también de los sistemas de salud», sentenció Brizuela en diálogo con el canal Medios Rioja.
El fin de los genéricos y la «trampa» de las patentes
El nudo del conflicto radica en la flexibilización de los criterios para extender las patentes. Hasta ahora, la legislación argentina era restrictiva: no se permitía prolongar la exclusividad comercial de un fármaco si las modificaciones presentadas no representaban un salto científico verdaderamente significativo. Sin embargo, la nueva normativa cambia de cuajo las reglas del juego.
«¿Qué se va a lograr con esto? Que si un medicamento tenía una patente por 10 años, con esta flexibilización que le permite cambios moderados —como por ejemplo pasar de comprimidos a cápsulas de liberación prolongada— se pueda prolongar la patente por 10 años más», explicó gráficamente la titular de la entidad riojana.
Esta maniobra bloquea automáticamente la producción de medicamentos genéricos y biosimilares por parte de los laboratorios de industria nacional. Estos últimos son los que tradicionalmente garantizan una caída abrupta en el precio final al consumidor una vez que vence la patente original. Brizuela graficó el impacto de esta exclusión con números contundentes: «Al día de hoy, un medicamento original de alto costo sale hasta 5 millones más que un biosimilar producido por laboratorios de industria nacional».
El impacto en obras sociales y el «Efecto Trump-Milei»
La medida no solo golpeará a los pacientes ambulatorios que pagan los remedios de su bolsillo, sino que representa un torpedo a la línea de flotación de las obras sociales, empresas de medicina prepaga y el sistema de salud público. Estas entidades son las principales financiadoras de los tratamientos de altísimo costo para patologías crónicas, oncológicas, inmunológicas y VIH.
«Vamos a convertir el sistema de medicamentos en un sistema netamente comercial: el que tiene, paga; y el que no tiene, no paga y no accede», alertó la especialista, subrayando que la falta de políticas regulatorias complementarias deja a los pacientes más frágiles en estado de extrema vulnerabilidad.
En los pasillos del sector farmacéutico, la nueva resolución se lee en estricta clave geopolítica. Durante la entrevista, se expuso que esta modificación sería una consecuencia directa de los recientes acuerdos comerciales bilaterales impulsados entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. Si bien se estima que la flexibilización del patentamiento atraería inversiones extranjeras por unos 700 millones de dólares, el golpe a la industria nacional sería infinitamente superior y devastador, calculándose pérdidas por 2.200 millones de dólares.
«Nuestra industria nacional tiene poco de investigación y desarrollo frente a los costos gigantescos que esto implica, con lo cual podrían patentar poco. Los laboratorios multinacionales son quienes se dedican fuertemente a eso y se verían beneficiados», analizó Brizuela.
El historial argentino con la desregulación de patentes genera fuerte escozor. Quienes tienen memoria en el sector recuerdan el período del 2000 al 2012, donde normativas laxas similares provocaron una dolorosa exclusión sanitaria. Hoy, desde La Rioja, el llamado de atención busca hacer eco a nivel nacional antes de que los mostradores de las farmacias se conviertan, de la noche a la mañana, en una barrera infranqueable para la vida y la salud de los argentinos.
