El Gobierno nacional pone en marcha la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) con un pasivo de más de $212.000 millones y prestaciones restringidas. En el interior, incluida La Rioja, crecen las alertas por recortes y posibles reestructuraciones.
El rediseño del sistema de salud para las Fuerzas Armadas impulsado por el gobierno de Javier Milei abre una nueva etapa con más interrogantes que certezas. A partir del 1 de abril comenzará a funcionar la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que reemplazará al cuestionado Iosfa, pero lo hará con una pesada herencia: una deuda superior a los $212.000 millones y prestaciones aún limitadas en distintos puntos del país.
El impacto de esta transición no es homogéneo, pero en provincias como La Rioja el proceso se sigue con especial preocupación, en un contexto donde el sistema de salud ya enfrenta restricciones estructurales.
La Rioja, en el mapa de la reestructuración
Dentro del esquema de reorganización, la provincia aparece directamente alcanzada. Según pudo saber este medio, la nueva estructura de la obra social contempla una revisión de delegaciones y centros de atención en distintas jurisdicciones, entre ellas La Rioja, lo que abre la puerta a recortes, fusiones o reconfiguraciones operativas.
La OSFA heredará una red nacional compuesta por 90 sedes —entre delegaciones, auxiliares y centros de atención— que está bajo análisis para su redimensionamiento. En ese proceso, el interior vuelve a quedar bajo tensión, con el riesgo de que la racionalización de recursos impacte en la accesibilidad de los afiliados.
Prestaciones restringidas y atención en emergencia
Mientras tanto, el sistema ya funciona con limitaciones. Según fuentes cercanas a la nueva obra social, en esta etapa inicial solo se están garantizando prestaciones de alta complejidad, medicamentos de alto costo y derivaciones, mientras que el resto de los servicios se normalizará de manera gradual, en función de la disponibilidad de recursos.
Este esquema implica, en la práctica, una cobertura parcial que afecta especialmente a los afiliados del interior, donde la infraestructura sanitaria es más limitada y la dependencia de convenios con prestadores privados resulta crítica.
En distintas regiones del país ya se registran situaciones de fuerte deterioro en la atención, con afiliados que deben afrontar gastos de su bolsillo o recurrir a la Justicia para garantizar tratamientos. Aunque los casos más visibles se concentran en grandes centros urbanos, la dinámica se replica —con menor visibilidad— en provincias como La Rioja.
Una deuda que condiciona el futuro
El principal condicionante del nuevo sistema es financiero. La deuda acumulada del Iosfa no solo no fue saldada, sino que se trasladará a las nuevas estructuras, que comenzarán a operar con un “beneficio de inventario negativo”.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la regularización será progresiva y dependerá del ingreso de recursos, en parte vinculados a las contribuciones de las propias Fuerzas Armadas. Sin embargo, dentro del sector persisten dudas sobre la capacidad real de recomposición en el corto plazo.
Impacto federal y desigualdades
El caso de La Rioja expone, además, una problemática estructural del sistema de salud argentino: las asimetrías territoriales. En provincias con menor densidad de prestadores y mayores dificultades logísticas, cualquier recorte o demora en los pagos impacta de forma más severa.
La eventual reducción de sedes o la demora en la normalización de prestaciones podría traducirse en mayores tiempos de espera, traslados a otras provincias o directamente en la imposibilidad de acceder a determinados tratamientos.
Un cambio con incertidumbre
El lanzamiento de la OSFA busca ordenar un sistema en crisis, pero lo hace sin un saneamiento previo y en un contexto de ajuste fiscal generalizado. La transición, lejos de representar una solución inmediata, abre una etapa de incertidumbre para más de 300.000 afiliados en todo el país.
En La Rioja, donde la presencia de personal retirado y familias vinculadas a las Fuerzas Armadas tiene peso en determinadas localidades, el proceso es seguido con cautela. La preocupación central es concreta: que la reorganización administrativa no termine profundizando las dificultades de acceso a la salud.
El desafío, hacia adelante, será equilibrar la necesidad de ordenar las cuentas con la garantía efectiva de prestaciones. Por ahora, el sistema comienza a funcionar con más deuda que soluciones.
