Los 15 concejales —oficialismo y oposición— aprobaron una resolución que le exige al intendente Molina que intervenga ante la Secretaría de Transporte provincial para impedir la ampliación del sistema. El argumento central: no hay normativa que respalde los carriles existentes y, por lo tanto, tampoco puede haber multas.
En el Concejo Deliberante de la ciudad de La Rioja no suelen ponerse de acuerdo en casi nada. Por eso llama la atención lo que ocurrió esta semana: los 15 ediles —tanto del bloque oficialista como de la oposición— votaron en forma unánime una resolución que le pone un freno a la Secretaría de Transporte provincial, dependiente del gobierno de Ricardo Quintela, y le exige al intendente Armando Molina que intervenga para impedir la expansión de los carriles exclusivos para colectivos hacia nuevas arterias de la ciudad.
El voto sin disidencias en un cuerpo legislativo municipal fracturado no es un dato menor. Es la señal de que el malestar con la forma en que la Provincia avanzó sobre el espacio urbano sin consultar al municipio ni a los vecinos cruzó todas las fronteras políticas.
Lo que se frenó y lo que ya está instalado
Los carriles exclusivos para colectivos que la Secretaría de Transporte provincial implementó sobre avenidas como Perón y Circunvalación ya están en funcionamiento. No fueron consensuados con el Concejo Deliberante ni con el Ejecutivo municipal, y tampoco hubo consulta con vecinos o comerciantes afectados. Eso, en sí mismo, ya había generado tensión.
Lo que disparó la resolución fue la intención de extender el sistema hacia calles como 8 de Diciembre y Ortiz de Ocampo, arterias del microcentro comercial donde el impacto sobre la circulación y el acceso a los negocios sería considerablemente mayor. Cuando esa posibilidad trascendió, el Concejo reaccionó.
«Es un proyecto que se convirtió en una iniciativa de todo el cuerpo y fue aprobado por unanimidad. Coincidimos en la necesidad de ponerle un freno a este avance», dijo el concejal radical Nazareno Rippa, uno de los impulsores de la medida.
Sin normativa, sin multas: el argumento jurídico que complica a la Provincia
El punto más sensible del debate no es político sino legal. Rippa fue categórico: los carriles exclusivos que ya funcionan en La Rioja no tienen respaldo normativo. No hay una ordenanza municipal ni una resolución provincial debidamente instrumentada que establezca las reglas de circulación, las excepciones y las sanciones aplicables.
Las consecuencias de ese vacío son concretas. «No hay normativa que respalde su implementación, por lo tanto no puede haber multas», afirmó el edil. Si la Provincia intentara sancionar a conductores que circulen por esos carriles, cualquier infracción sería impugnable.
El concejal también apuntó a la falta de claridad en la comunicación oficial desde el inicio. «Primero eran exclusivos, después se decía que podían circular otros vehículos con ciertas condiciones. Nunca hubo claridad ni una norma concreta que lo establezca», señaló. Una política pública que no puede explicarse con precisión difícilmente pueda aplicarse con legitimidad.
Autonomía municipal versus gestión provincial
Detrás del debate técnico hay un conflicto de competencias que tiene implicancias más amplias. El tránsito y la movilidad urbana son, en la mayoría de los sistemas jurídicos provinciales, materia de incumbencia municipal. Que la Secretaría de Transporte de la Provincia avance sobre las calles de la capital riojana sin coordinación con el municipio es, para el Concejo Deliberante, un atropello institucional.
«Lo que solicitamos es que el intendente intervenga ante la Secretaría de Transporte para impedir esta pretendida ampliación y que cualquier discusión sobre el tema se dé en el ámbito del Concejo Deliberante», explicó Rippa. La exigencia no es que los carriles se eliminen —aunque hay concejales que van en esa dirección— sino que cualquier decisión futura pase por el canal institucional que corresponde.
El caso riojano ilustra una tensión que se replica en distintas ciudades del interior argentino: gobiernos provinciales que impulsan reformas de movilidad urbana —carriles exclusivos, ciclovías, reorganización del transporte público— sin articular con los municipios que administran esas calles y que conocen de cerca el impacto sobre vecinos y comerciantes.
Vecinos, comerciantes y árboles: el costo que nadie midió
Rippa no se limitó al argumento jurídico. También puso sobre la mesa el impacto concreto que la implementación de los carriles tuvo sobre la vida cotidiana de la ciudad. Mencionó la caída en las ventas en zonas comerciales afectadas, las quejas por la remoción de árboles y los cambios abruptos en la circulación que se decidieron, según sus palabras, «de un día para el otro, sin escuchar a nadie».
La referencia a los árboles no es menor en una ciudad como La Rioja, donde las altas temperaturas hacen del arbolado urbano un bien público especialmente valorado. Que intervenciones de infraestructura vial impliquen la tala de ejemplares sin consulta previa agrega una dimensión ambiental al conflicto que amplía la base de quienes se sienten afectados.
El debate que el Concejo quiere dar, pero todavía no se dio
La resolución aprobada no cierra el debate sobre los carriles exclusivos: lo abre formalmente. Rippa reconoció que el tema merece una discusión más profunda y propuso convocar a una audiencia pública con usuarios del transporte, vecinos y comerciantes antes de tomar cualquier decisión definitiva.
También planteó una pregunta que incomoda a los promotores del sistema: ¿tiene sentido implementar carriles exclusivos para colectivos en una ciudad donde los colectivos circulan lento por los baches? «El problema de fondo es el estado de las calles en los barrios. Los colectivos circulan lento por los baches. Antes de implementar estos sistemas, hay que mejorar la infraestructura», dijo.
La resolución ahora está en manos del intendente Molina, que deberá trasladar el pedido del Concejo a la Secretaría de Transporte provincial. El municipio y la Provincia tendrán que sentarse a hablar. Algo que, según los propios concejales, todavía no ocurrió.
El municipio le planta cara a la Provincia: el Concejo Deliberante de La Rioja frenó por unanimidad la expansión de los carriles exclusivos para colectivos
