La Procuradora Fiscal Laura M. Monti dictaminó que la acción de amparo presentada por la Provincia de La Rioja contra el Estado nacional por la retención del FONID y el Programa de Compensación Salarial Docente debe tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria. El dictamen es un paso procesal clave que habilita el juicio de fondo contra la Casa Rosada.
La Procuración General de la Nación emitió un dictamen que marca un punto de inflexión en el litigio judicial que La Rioja mantiene abierto contra el gobierno de Javier Milei por la retención de fondos educativos. La Procuradora Fiscal Laura M. Monti concluyó el 27 de marzo de 2024 que la causa caratulada «La Rioja, Provincia de c/ Estado Nacional s/ Amparo» —expediente CSJ 217/2024— corresponde tramitar ante los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su competencia originaria, despejando cualquier obstáculo procesal y habilitando el juzgamiento pleno del conflicto en la máxima instancia judicial del país.
Qué dice el dictamen y por qué importa
El dictamen de la Procuración no resuelve el fondo del conflicto —eso le corresponde a la Corte— pero tiene un peso procesal determinante: sin él, la causa podría haber sido derivada a otra instancia o rechazada por incompetencia. Al avalar la competencia originaria del tribunal, la Procuración le allana el camino a La Rioja para que su reclamo sea resuelto por los jueces con mayor jerarquía del sistema judicial argentino.
El argumento jurídico de Monti es preciso. Según el artículo 117 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema actúa en instancia originaria cuando una provincia es parte en un litigio que involucra al Estado nacional. En este caso, La Rioja demanda al Poder Ejecutivo Nacional, combinación que —respaldada por una larga cadena jurisprudencial que la propia Procuradora cita, incluyendo los Fallos 326:3646 y 332:2673, entre muchos otros— activa obligatoriamente esa competencia. La única forma de conciliar el fuero originario provincial con el fuero federal del Estado nacional, sostuvo Monti, es sustanciar la demanda en la Corte misma.
Qué reclama La Rioja y por qué llegó hasta aquí
La acción de amparo provincial tiene un objeto concreto: que la Corte declare sin efecto la decisión administrativa del gobierno nacional de no transferir a La Rioja los fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico (FONID) y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, fondos que dejaron de percibirse desde diciembre de 2023.
La provincia señaló que esa decisión fue anunciada públicamente por funcionarios nacionales y ratificada el 14 de febrero de 2024 por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que los salarios docentes dependen de los gobernadores y que cada jurisdicción puede pactar libremente el salario que desee. Para La Rioja, ese argumento no tiene sustento legal: las Leyes 25.053 y 26.075 crearon esos fondos con carácter permanente y renovación anual automática, y su retención constituye una violación directa de la legislación vigente y de los artículos 14 y 75 de la Constitución Nacional.
La provincia también solicitó, como medida cautelar, que la Corte ordene al Estado nacional la remisión inmediata de los fondos previstos en esas leyes, argumentando que los daños en curso son irreparables y que la desfinanciación del sistema educativo provincial hace peligrar el dictado de clases.
El peso político del dictamen
Que la Procuración General de la Nación —organismo independiente del Poder Ejecutivo— haya avalado la competencia de la Corte para juzgar esta causa tiene una dimensión que va más allá de lo procesal. Implica que el organismo que asesora al máximo tribunal consideró que el reclamo de La Rioja tiene entidad jurídica suficiente para ser sometido al escrutinio de los jueces de mayor jerarquía del país, y que la decisión del gobierno de Milei de retener los fondos educativos no es una cuestión política interna del Ejecutivo sino un conflicto de naturaleza constitucional que merece resolución judicial.
Para el gobernador Ricardo Quintela, el dictamen es un respaldo institucional de peso en su disputa con la Casa Rosada. La Procuración no tomó partido sobre quién tiene razón en el fondo del asunto —eso lo decidirá la Corte— pero sí determinó que La Rioja tiene derecho a que ese fondo sea discutido en la instancia más alta del país.
El expediente CSJ 217/2024 sigue su curso ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. La Nación deberá responder. Y los jueces del máximo tribunal tendrán que decidir si la política de Milei de desfinanciar el salario docente provincial tiene o no respaldo constitucional. La respuesta que den marcará un precedente que va mucho más allá de La Rioja.
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