El entendimiento entre el gobierno nacional y la provincia por un adelanto de coparticipación se rompió tras la publicación del decreto presidencial. ATE y UTEP denuncian 11.000 despidos y protestaron frente al domicilio del presidente de la Cámara de Diputados. Un mensaje de WhatsApp que circuló en La Rioja complica al gobierno provincial: trabajadores aseguran que fueron obligados a movilizarse.
Lo que parecía un alivio fiscal para La Rioja se convirtió en 48 horas en una nueva crisis política de alto voltaje. El acuerdo financiero que habían alcanzado el presidente Javier Milei y el gobernador Ricardo Quintela para el adelanto de $95.000 millones en concepto de coparticipación federal de impuestos se cayó abruptamente, en un escenario que expone las grietas del vínculo entre la Casa Rosada y la provincia más dependiente del financiamiento nacional.
El entendimiento había sido construido en las sombras por dos figuras clave: el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera. Pero la publicación del decreto presidencial que formalizaba los recursos para La Rioja encendió la mecha. Lo que debía ser un anuncio de consenso derivó en una ruptura que nadie en los despachos oficiales de ninguno de los dos lados quiso confirmar públicamente, pero que en los hechos resultó evidente.
La calle habló antes que los funcionarios
Mientras el acuerdo se desmoronaba en los despachos, la tensión social acumulada durante meses llegó a la puerta de la casa de Martín Menem. ATE La Rioja, acompañada por trabajadores nucleados en la UTEP, realizó una protesta directamente frente al domicilio del diputado riojano, una de las figuras con mayor peso en el engranaje del gobierno de Milei.
El secretario general de ATE, Alfredo Arana, disparó sin rodeos: cerca de 12.000 trabajadores de toda la provincia dejaron de percibir los 80.000 pesos mensuales que recibían a través de programas de la economía social, y alrededor de 11.000 personas perdieron directamente su fuente laboral, entre estatales nacionales y trabajadores de la economía popular. Para Arana, no hay lugar a interpretaciones: se trata de un ataque directo al conjunto de los trabajadores, y las únicas respuestas que han encontrado llegaron por la vía judicial, el Congreso o la movilización callejera, nunca por el diálogo con el Ejecutivo nacional.
El dato que complica al gobierno provincial
Pero la jornada dejó un elemento que sacude la narrativa oficial con particular fuerza. Un mensaje de WhatsApp que circuló en la provincia revela el testimonio de un trabajador que asegura haber recibido presión desde el propio gobierno provincial para concurrir a la manifestación frente a la casa de Menem. El texto es categórico: les dijeron que si iban, el propio gobierno les pagaría lo que habían perdido con la baja de los programas. En otras palabras, el gobierno habría utilizado la movilización social como herramienta de presión política —incluso con promesa de pago— en un momento en que el acuerdo financiero con la Nación se estaba derrumbando.
La denuncia fue verificada por el propio referente de La Libertad Avanza en la provincia, el dirigente libertario Javier Ruiz, quien constató la presencia del gobierno detrás de la convocatoria.
Menem en el centro de la tormenta
La elección del domicilio de Martín Menem como escenario de la protesta no es casual ni inocente. El presidente de la Cámara baja es simultáneamente el principal interlocutor del gobierno nacional en La Rioja y el artífice del acuerdo que ahora se desintegra. Que la movilización lo señale a él directamente —con trabajadores que denuncian haber sido enviados por el gobierno provincial— instala una paradoja política difícil de resolver: la provincia usaría a los propios damnificados por las políticas nacionales para presionar al hombre que negocia con esa misma Nación.
La crisis que rodea los $95.000 millones prometidos y ahora en suspenso condensa en pocas horas todo lo que La Rioja tiene en juego de cara a 2027: deuda, dependencia fiscal, conflicto gremial y la disputa Quintela-Menem que ya no se libra solo en los pasillos del poder sino también en la calle.
