El gremio ARDU lidera una semana de cese de actividades desde este lunes hasta el 18 de abril, con mayor impacto en el nivel preuniversitario. El conflicto escala hacia un paro nacional conjunto de todos los gremios universitarios previsto para fines de mes, mientras el gobierno nacional se resiste a acatar el fallo que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
La comunidad educativa de La Rioja afronta una semana de conflicto. Juan Chade, referente del gremio ARDU —afiliado a la Conadu Histórica—, confirmó el inicio de un paro total de actividades que se extenderá desde este lunes 13 hasta el viernes 18 de abril. La medida, sin embargo, tendrá un impacto fragmentado dentro del sistema universitario: otros gremios del sector no adhirieron a esta convocatoria, lo que genera una adhesión desigual según la afiliación de cada docente.
Dónde se sentirá más el paro
El escenario de mayor afectación será el Colegio Preuniversitario San Martín, institución dependiente de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), donde predominan las cátedras unipersonales. En ese nivel, la ausencia de un docente implica directamente la suspensión de la clase. La situación es distinta en las facultades de la UNLaR: «Al haber dos o tres docentes por cátedra, si algunos están afiliados a otros gremios, tendrán que dar la clase», explicó Chade. En ese escenario, la continuidad pedagógica quedaría supeditada a la composición gremial de cada equipo docente.
Finalizada esta semana de protesta, las actividades retornarían a la normalidad el lunes 21, en una suerte de compás de espera antes de la escalada de mayor envergadura.
El paro nacional del 27 de abril al 2 de mayo
El verdadero punto de inflexión llegará a fin de mes. Del 27 de abril al 2 de mayo, todas las federaciones universitarias del país realizarán un paro conjunto que paralizaría por completo la actividad académica en todas las universidades nacionales, incluyendo la UNLaR. Esa medida, de carácter federal y con mayor potencia de tracción que la actual, busca instalar el conflicto en el centro de la agenda política nacional en un momento donde el gobierno de Javier Milei sostiene su apuesta por el ajuste fiscal sin fisuras.
Un conflicto que excede lo salarial
El trasfondo del reclamo trasciende la discusión paritaria. Los gremios exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue respaldada por un fallo de la justicia federal pero que el Ejecutivo nacional se resiste a implementar. La negativa oficial a acatar esa resolución judicial constituye el núcleo político del conflicto: no se trata solo de salarios, sino de la relación del gobierno con la institucionalidad del sistema universitario público.
Los puntos que concentran el reclamo docente son cuatro: el financiamiento operativo —recursos para laboratorios, investigación y extensión que hoy están congelados o recortados—; la crisis presupuestaria de las obras sociales docentes; la continuidad de las becas estudiantiles como herramienta de retención; y la apertura de paritarias genuinas, dado que desde el sector denuncian que el gobierno toma decisiones de manera unilateral, marginando tanto a los rectores nucleados en el CIN como a las federaciones gremiales.
La variable estudiantil
Ante versiones sobre encuestas que indicarían simpatía juvenil hacia las políticas de ajuste, Chade matizó esa lectura con la realidad cotidiana de las aulas. Para el dirigente riojano, el desfinanciamiento es una amenaza concreta a la calidad educativa que los propios estudiantes experimentan. «Tratamos de darle todas las oportunidades a los estudiantes porque no los queremos tener en contra», señaló, subrayando la voluntad del gremio de construir una causa compartida con el claustro estudiantil antes que una fractura interna.
La semana que comienza en La Rioja anticipa lo que podría ser, a fin de mes, el mayor paro universitario del año.
