La nueva norma rige desde el 1° de abril e incorpora digitalización, firma electrónica y auditorías en tiempo real sobre la ejecución del gasto público. El presidente del organismo defendió la representación opositora en el cuerpo, aclaró los límites del control sobre las SAPEM —como Agroandina— y admitió atrasos en los municipios por falta de profesionales. Martín Menem había cuestionado la composición del Tribunal.
LA RIOJA.– El Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Rioja inauguró una nueva etapa institucional con la entrada en vigencia, el pasado 1° de abril, de su nueva Ley Orgánica. El presidente del organismo, contador Jorge Menem, destacó que la norma no solo impulsa la digitalización de procesos, sino que incorpora herramientas inéditas para la transparencia y el control de los fondos públicos, con el eje puesto en la implementación del control concomitante sobre la ejecución presupuestaria.
Las declaraciones del funcionario llegaron además en un momento políticamente cargado. En las últimas semanas, dirigentes de La Libertad Avanza —entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem— han cuestionado públicamente la composición del Tribunal y reclamado mayor representación opositora. La respuesta de Jorge Menem fue directa y contrastó la integración provincial con el modelo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), donde los tres síndicos son designados directamente por el Presidente.
El fin de las «zonas grises»: auditoría en tiempo real
El cambio más significativo que introduce la nueva Ley Orgánica es la implementación del control concomitante, un mecanismo que modifica de raíz la lógica tradicional con la que los tribunales de cuentas argentinos vienen ejerciendo su función auditora.
«Históricamente los tribunales de cuentas realizan un control posterior al gasto. Ahora podemos auditar la gestión de manera diaria y periódica mientras el proceso se está realizando, eliminando las ‘zonas grises’ que existían anteriormente», explicó Menem. La definición sintetiza el giro conceptual: en lugar de verificar ex post si un gasto se ejecutó conforme a la normativa, el organismo podrá intervenir en tiempo real, detectando irregularidades antes de que se consoliden y permitiendo correcciones oportunas.
El control concomitante es una modalidad que varios organismos de control provinciales y nacionales —como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la propia SIGEN— han incorporado en distintas etapas como respuesta a la crítica clásica sobre la tardanza temporal de los controles tradicionales. El reproche era conocido: cuando un tribunal de cuentas emite un fallo sobre un ejercicio presupuestario, habitualmente ya transcurrieron dos o tres años desde los hechos auditados, lo que relativiza la capacidad de corrección real del control.
Digitalización, firma electrónica y domicilios virtuales
La nueva legislación incorpora, además, un paquete de modernización tecnológica que alinea al Tribunal con los estándares de gobierno digital que se vienen consolidando en las administraciones públicas argentinas. Entre las novedades, figuran la validez jurídica de las intervenciones digitales, el uso de la firma electrónica y la obligatoriedad del domicilio electrónico para los cuentadantes —los funcionarios y agentes responsables de administrar fondos públicos—.
El cambio es particularmente relevante en términos operativos. La digitalización de los procedimientos permite reducir tiempos de trámite, disminuir costos de papel y archivo, facilitar el seguimiento remoto de expedientes y, sobre todo, habilitar auditorías por analítica de datos sobre grandes volúmenes de información, capacidad que el control exclusivamente documental en papel no permitía.
La norma también obliga a publicar anualmente la memoria de la institución y los fallos firmes, una medida de transparencia pasiva que busca acercar el trabajo del organismo a la sociedad y habilitar el control ciudadano sobre la actividad auditora. La publicación sistemática de fallos firmes configura, además, un activo jurídico: consolida jurisprudencia administrativa que sirve de referencia para futuros casos y clarifica criterios para los cuentadantes sobre el alcance real de sus obligaciones.
Los municipios: atrasos técnicos y una salvedad
En cuanto a la situación de los municipios, Menem admitió que existen atrasos técnicos en las rendiciones de cuentas, debido a la falta de profesionales y equipamiento en buena parte de las comunas. El cuadro es conocido: muchos municipios del interior riojano, particularmente los de menor escala, operan con estructuras administrativas mínimas, donde un puñado de agentes debe administrar simultáneamente recursos humanos, hacienda, legales y rendiciones.
Sin embargo, el presidente del Tribunal aclaró un matiz relevante: al destinarse casi el 100% de los fondos a sueldos, la rendición se concreta mediante transferencias bancarias directas. La aclaración no es menor. Cuando el grueso de la ejecución presupuestaria se concentra en el pago de salarios —que se canaliza por vía bancaria con registros auditables—, el margen para irregularidades en la aplicación de los fondos es notablemente menor que cuando la ejecución se distribuye en múltiples rubros de compra de bienes, servicios y obras.
El dato expone, de paso, una característica estructural de los municipios riojanos que trasciende al ámbito del control de cuentas: la concentración del gasto en masa salarial evidencia la dependencia de las administraciones locales respecto del empleo público como principal —y en muchos casos única— actividad económica formal. La capacidad de inversión real, de obra pública local o de programas de desarrollo queda, así, reducida a una porción marginal del presupuesto.
Las SAPEM: fondos públicos y secretos societarios
Uno de los capítulos más delicados del trabajo del Tribunal es el control sobre las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). Menem aclaró los límites del control con precisión jurídica.
Por un lado, estas sociedades se rigen por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales (Ley 19.550), y por lo tanto el Tribunal no puede intervenir en las decisiones de gestión ni conocer los «secretos societarios» —información estratégica, contratos comerciales confidenciales, planificación empresarial—. La restricción responde al diseño del régimen societario argentino: las sociedades anónimas, incluso con participación estatal, conservan prerrogativas de confidencialidad comercial que las habilitan a competir en igualdad de condiciones con el sector privado.
Por el otro, el organismo sí audita la aplicación de los fondos públicos que el Estado inyecta en esas empresas. Como ejemplo, Menem citó el caso de Agroandina —la SAPEM provincial dedicada al sector productivo—, donde el Tribunal verifica que el dinero destinado a la compra de materia prima llegue efectivamente a los productores. La auditoría se concentra, entonces, en la traza del fondo público: desde el momento en que el Estado transfiere recursos a la sociedad, hasta que esos recursos se aplican a los fines declarados en el instrumento que autorizó el giro.
La distinción es jurídicamente sólida, pero políticamente compleja. En el caso de las grandes SAPEM riojanas —entre ellas el Banco Rioja S.A.U. y el Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M., actualmente señalados por los bonistas que litigan en tribunales de los Estados Unidos como activos potencialmente embargables en el marco del default de la deuda provincial— el alcance del control externo sobre su gestión cotidiana es acotado. El Tribunal puede verificar la aplicación de fondos específicos, pero no revisa el plan de negocios, las decisiones estratégicas ni los contratos comerciales de esas sociedades.
La respuesta política a La Libertad Avanza
El segmento más político de las declaraciones de Menem fue la respuesta a los cuestionamientos recientes de La Libertad Avanza —encabezados públicamente por Martín Menem— sobre la supuesta falta de representación opositora en el Tribunal. El presidente del organismo fue tajante en su defensa de la composición actual.
«La Constitución establece cinco miembros: tres por la mayoría, uno por la primera oposición y uno por la segunda», explicó Jorge Menem. Y precisó los nombres: «Actualmente, el Dr. José Martínez y el Dr. Gustavo Dávila representan a sectores opositores de cuando fueron designados». La composición, según su argumentación, respeta el diseño constitucional provincial de pluralismo en los órganos de control externo.
Pero el dardo más duro llegó cuando contrastó la situación provincial con la nacional: «En la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los tres miembros son designados directamente por el Presidente. Aquí, al menos, la oposición tiene voz en el organismo de control externo». La comparación apunta directamente al núcleo de la crítica libertaria: si La Libertad Avanza reclama mayor representación opositora en los órganos de control, debería empezar por revisar el diseño institucional del propio régimen nacional, donde la SIGEN —el organismo de control interno del Poder Ejecutivo— opera bajo un esquema de designación exclusivamente presidencial.
Una invitación a consultar los portales de transparencia
Menem completó su respuesta con una invitación explícita a los dirigentes de La Libertad Avanza: consultar el portal de Hacienda y de Compras de la provincia, donde la información sobre la ejecución presupuestaria y los procesos de contratación está disponible de manera pública. La medida apunta a neutralizar el argumento opositor sobre la falta de transparencia de la gestión provincial, instalando el foco sobre la existencia efectiva de los mecanismos de acceso a la información.
Sin embargo, el presidente del Tribunal formuló también una autocrítica honesta: reconoció que el Estado provincial debe hacer que la lectura de esos datos sea «más amigable» para el ciudadano común. La admisión es relevante: los portales de transparencia, cuando están diseñados con lógica contable o presupuestaria, resultan prácticamente ininteligibles para quien no tiene formación técnica específica. El desafío, en ese sentido, no es solo publicar los datos, sino hacer que esos datos sean efectivamente comprensibles para ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
La observación se inscribe, además, en el marco de la reciente reglamentación de la Ley Provincial 10.119 de Acceso a la Información Pública, concretada a través del Decreto 319/26 del gobernador Ricardo Quintela, que designó a la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública —a cargo de María Luz Santángelo Carrizo— como autoridad de aplicación en el ámbito del Ejecutivo. La mejora en la accesibilidad de la información presupuestaria es una demanda que se inscribe directamente en el espíritu de esa normativa.
El peso institucional del Tribunal en el contexto actual
La puesta en vigencia de la nueva Ley Orgánica adquiere un peso especial en el contexto actual del Estado provincial. La Rioja atraviesa el cuadro fiscal más delicado de las últimas dos décadas: default de la deuda en dólares, litigios internacionales, autofinanciamiento que ronda el 11,6% de los ingresos, pulseada abierta con la Casa Rosada por los adelantos de coparticipación y una conflictividad sectorial que atraviesa salud, educación, farmacia, minería y administración pública.
En ese marco, la capacidad del Tribunal de Cuentas para ejercer un control externo efectivo sobre la ejecución del gasto público provincial cobra una dimensión particular. Por un lado, es un mecanismo de garantía institucional sobre la correcta aplicación de los recursos —cada vez más escasos— con los que la provincia sostiene su masa salarial, sus servicios esenciales y sus obras estratégicas. Por el otro, es una herramienta de legitimación frente al mercado financiero internacional y frente a los acreedores que litigan en jurisdicción extranjera: un sistema de control riguroso, moderno y transparente aporta credibilidad a la palabra del Estado provincial en cualquier proceso de renegociación futura.
El contador Jorge Menem, una figura con peso propio
La intervención de Menem —titular del organismo de control externo provincial— se inscribe, además, en una dimensión política específica. El apellido evoca, inevitablemente, a la figura política más relevante de la historia riojana reciente: Carlos Saúl Menem. Pero en el mapa actual del peronismo provincial y en el nuevo escenario nacional, el contador Jorge Menem ejerce su función al frente del Tribunal como técnico con trayectoria propia, sin alineamiento partidario explícito en los recientes debates.
Su respuesta a las críticas de La Libertad Avanza —y particularmente a su tocayo Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con quien no tiene vínculo político— se enmarca en la defensa institucional del organismo que preside, y no en una confrontación partidaria. Es importante distinguir: Martín Menem, presidente de Diputados, es una figura distinta de Eduardo «Lule» Menem, segundo de Karina Milei en La Libertad Avanza. Y ambos son, a su vez, distintos del Cr. Jorge Menem, presidente del Tribunal de Cuentas de La Rioja. La coincidencia de apellido —común en la provincia— no implica alineamiento político ni familiar.
Una nueva herramienta en un momento crítico
Con la puesta en vigencia de su nueva Ley Orgánica, el Tribunal de Cuentas de La Rioja dispone hoy de un instrumental jurídico y tecnológico más potente para ejercer su función. La digitalización, el control concomitante, la publicación de memoria y fallos firmes y el domicilio electrónico obligatorio configuran una reforma estructural que, bien ejecutada, puede mejorar sensiblemente la calidad del control externo en la provincia.
El desafío, como siempre en estos casos, estará en la implementación efectiva. La nueva norma aporta herramientas, pero su impacto real dependerá de la capacidad operativa del organismo para llevarlas a la práctica, de la colaboración de los cuentadantes provinciales y municipales, y de la disposición del gobierno provincial a facilitar —y no obstaculizar— el trabajo auditor.
La promesa, por ahora, está sobre la mesa. Las auditorías en tiempo real, las rendiciones digitales y los fallos publicados configuran un horizonte de mayor transparencia para una provincia que, atravesada por crisis y pulseadas en múltiples frentes, necesita como nunca fortalecer la confianza institucional en sus mecanismos de control interno. Con el 1° de abril como punto de partida, el Tribunal encara esa tarea con un marco renovado y con una conducción que, como deja claro Jorge Menem, no está dispuesta a aceptar cuestionamientos que no resistan el contraste con la propia arquitectura institucional del Estado nacional.
