La factura que Edelar paga a CAMMESA se multiplicó por doce en un año: Jerónimo Quintela y el mapa del ahogo tarifario en La Rioja
El ingeniero Jerónimo Quintela —presidente de la Empresa Distribuidora de Energía de La Rioja (Edelar) e hijo del gobernador Ricardo Quintela— desglosó los mecanismos por los cuales el reordenamiento eléctrico nacional está llegando al hogar riojano. La cifra central de su diagnóstico: la factura que Edelar paga mensualmente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) creció aproximadamente doce veces respecto al mismo período del año anterior, aun cuando el consumo se redujo. A partir de ese dato, Quintela describió un cuadro de cuatro planos simultáneos: obras federales paralizadas que la provincia terminó asumiendo con fondos propios, un cambio cualitativo en el perfil de la morosidad riojana —que pasó de ser por decisión a ser por imposibilidad económica—, un reclamo colectivo del Norte Grande por una tarifa diferenciada que contemple los costos climáticos extremos de la región, y la perspectiva de un nuevo aumento del 35 % en el cuadro tarifario mayorista que CAMMESA tiene en carpeta para el próximo trimestre.
La anatomía de una boleta
Antes de desmenuzar las cifras, Quintela ofreció una distinción que muchas veces se pierde en el debate público y que conviene recuperar: el precio final que paga un usuario riojano por la electricidad se compone de tres segmentos con autoridades regulatorias distintas. El primero es el costo de generación —lo que cuesta producir un megavatio hora, que depende del parque generador nacional y de los combustibles empleados—. El segundo es el transporte, que refiere al costo de trasladar esa energía desde las plantas generadoras a los centros de consumo a través del sistema interconectado. Y el tercero es la distribución, que corresponde al tramo local de la red, desde la subestación hasta el domicilio.
De los tres componentes, sólo el tercero está bajo jurisdicción provincial —es el Valor Agregado de Distribución (VAD) que administra Edelar como empresa concesionaria del servicio—. Los otros dos, generación y transporte, son fijados por la Secretaría de Energía de la Nación a través de CAMMESA. Esa separación es clave para entender lo que ocurre: cuando el gobierno nacional sube los precios estacionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el costo le llega primero a Edelar y después, según la decisión política provincial, se traslada o no al usuario final.
El multiplicador que no se explica por inflación
El dato más contundente que dejó la entrevista es la magnitud del aumento en la factura mayorista. Según el presidente de Edelar, el monto que la empresa paga cada mes a CAMMESA creció «cerca de doce veces» en comparación interanual, pese a que el consumo agregado del sistema riojano fue menor.
Ese múltiplo es extraordinario incluso en el contexto argentino. Para dimensionar: en Catamarca, la distribuidora provincial EC SAPEM —cuyas boletas de CAMMESA fueron publicadas por la prensa local— pasó de pagar $3.997 millones en febrero de 2024 a casi $11.235 millones en febrero de 2026, un aumento del 181 % en dos años. La inflación acumulada en ese mismo período fue del orden del 151 %, es decir, el costo mayorista subió treinta puntos por encima de la inflación. Lo que Quintela describe para La Rioja es un salto de mayor magnitud en menos tiempo, explicable por dos factores combinados: por un lado, que la provincia venía operando con la tarifa residencial más barata del país y, por lo tanto, la «normalización» nacional impacta con más fuerza en términos relativos; por el otro, que durante 2025 el gobierno nacional implementó una secuencia de resoluciones que aceleró el traslado de los costos reales al precio mayorista.
El marco normativo de ese reordenamiento está definido por el Decreto 450/25 —que establece una ventana de transición de 24 meses para la normalización del MEM— y por la Resolución 434/25 de la Secretaría de Energía, complementada por la Resolución 22/2026 que aprobó la programación estacional definitiva para el período del 1º de febrero al 30 de abril de 2026. El objetivo oficial del esquema es converger a precios mayoristas «eficientes y sostenibles», lo cual en el lenguaje técnico significa trasladar gradualmente los costos reales de generación a los usuarios finales y reducir la carga de los subsidios. Para las distribuidoras de las provincias del interior —especialmente las que venían sostenidas por absorción provincial de aumentos, como Edelar—, el resultado en números concretos es el multiplicador que describe Quintela.
La obra que la Nación abandonó
El segundo eje del diagnóstico apunta a la inversión en infraestructura. Quintela denunció que una obra clave para el crecimiento energético de la capital riojana se encuentra paralizada con apenas un 30 % de ejecución tras la ruptura de contratos por parte del gobierno nacional. La obra —financiada originalmente con recursos del Fondo Nacional de Energía Eléctrica (FEN), un fideicomiso que se nutre de un cargo que pagan todos los argentinos en sus boletas y que se distribuye entre las provincias— quedó trunca cuando la Secretaría de Energía suspendió o redujo los giros correspondientes.
Ante la alternativa de esperar una reapertura de los contratos que no tiene fecha o asumir la obra para evitar un colapso de potencia en el sistema riojano, el gobierno provincial optó por avanzar con fondos propios en el cambio de transformadores, inversión que —según el propio Quintela— originalmente debía cubrir el gobierno central. Es un patrón que se repite en la relación fiscal entre Nación y La Rioja: la provincia, con un coparticipable que destina más del 85 % a salarios, termina aportando capital para infraestructura federal que el Tesoro Nacional no giró. Ese rubro específico —el del FEN «pisado»— es parte del reclamo de fondos extracoparticipables que La Rioja mantiene ante Nación y que la provincia cuantifica, según distintos cortes del último año, en torno a los USD 1.400 millones totales.
La mora que cambió de naturaleza
El tercer eje del diagnóstico es probablemente el más revelador desde el punto de vista social. Quintela advirtió que el perfil de la morosidad en el pago de las boletas riojanas cambió cualitativamente. Antes, en los ciclos económicos anteriores, la mora obedecía mayoritariamente a decisiones de priorización del gasto —el usuario postergaba el pago de la luz frente a otras urgencias—; ahora, según el diagnóstico de la empresa, la mora refleja una imposibilidad económica real de los hogares.
El indicador fino del cambio es el tipo de financiamiento al que recurren las familias riojanas para pagar la factura. El presidente de Edelar sostuvo que los hogares se están endeudando con tarjeta de crédito y, cada vez más, con la propia distribuidora —a través de los planes de pago en cuotas que la empresa ofrece—. Que una familia tome crédito bancario para saldar un servicio público esencial y que, adicionalmente, recurra al proveedor del servicio como fuente de financiamiento es un indicador de estrés financiero doméstico severo. No es un problema de flujo de caja puntual; es una dislocación estructural entre el ingreso familiar y el costo de los servicios básicos.
Ese dato, por lo demás, no es exclusivo de La Rioja. Las cooperativas eléctricas bonaerenses discutieron a mediados de 2025 el mismo fenómeno en su reunión de Olavarría, y en muchos casos admitieron que la morosidad mayorista de sus distribuidoras es, en última instancia, la contracara de la morosidad minorista de sus usuarios. La cadena de impagos no arranca en las empresas: arranca en los hogares.
El bloque del Norte Grande
El cuarto eje es regional. Quintela destacó el trabajo conjunto que las provincias del Norte Grande vienen desarrollando para solicitar a la Secretaría de Energía un régimen tarifario diferenciado que reconozca las condiciones climáticas extremas de la región. El argumento es material: en verano, las temperaturas del NOA y del NEA exigen niveles de consumo eléctrico muy superiores a los de otras regiones del país —refrigeración de viviendas, conservación de alimentos, mantenimiento de cadena de frío en comercios y producción—, con lo cual un usuario norteño paga, en valor absoluto, mucho más que un usuario pampeano por un nivel equivalente de confort básico.
La iniciativa, según Quintela, no busca sólo un alivio para el usuario residencial: también pretende reconocer a los productores locales, que enfrentan costos operativos desproporcionadamente altos por las mismas razones climáticas. Es, en los hechos, un intento del Norte Grande —bloque que integran las seis provincias del NOA y las del NEA— de obtener un tratamiento tarifario equivalente al que otras regiones ya tienen por vía de subsidios específicos (por ejemplo, las distribuidoras patagónicas tienen tarifas diferenciadas por la zona fría), pero orientado a las zonas cálidas. La propuesta ha sido planteada en las sucesivas reuniones de gobernadores del Norte Grande y, hasta ahora, no ha obtenido respuesta formal de la Secretaría de Energía.
El 35 % que viene
El cierre del diagnóstico de Quintela es prospectivo y particularmente incómodo. Según el presidente de Edelar, el próximo cuadro tarifario que CAMMESA tiene preparado para someter a la aprobación de la Secretaría de Energía contempla un aumento adicional del orden del 35 % en el precio mayorista. Si ese aumento se aprueba y no se acompaña con una redefinición del esquema de subsidios o con una compensación provincial, el impacto llegará directamente a las boletas de los hogares norteños en los próximos meses.
En el contexto del Norte Grande, donde el invierno —especialmente en el oeste riojano y en Jujuy— obliga a calefaccionarse con electricidad, un incremento del 35 % en la energía mayorista durante los meses fríos puede transformar la factura eléctrica en el principal ítem del gasto doméstico para buena parte de las familias. Es, en términos económicos, la variable más sensible del presupuesto familiar para los próximos dos trimestres.
Lo que mide el medidor
El valor periodístico del diagnóstico que deja Quintela no está tanto en la denuncia política —que es conocida y que se sostiene desde hace casi dos años— sino en la precisión cuantitativa con la que describe el fenómeno desde el punto de vista de la empresa distribuidora. Que la factura mayorista se haya multiplicado por doce aun con menor consumo, que una obra de infraestructura financiada nacionalmente quede paralizada al 30 % de ejecución, que la mora pase de ser por voluntad a ser por imposibilidad, que el Norte Grande sume reclamo colectivo por tarifa diferenciada y que CAMMESA tenga en carpeta un 35 % adicional: son cinco datos que, puestos en fila, configuran un mapa del ahogo tarifario con implicancias sociales inmediatas.
La pregunta que queda abierta es quién carga con el costo material del reordenamiento. En los papeles, la «normalización progresiva» del MEM busca una convergencia con precios eficientes y sostenibles. En las boletas riojanas, esa normalización se traduce hoy en una factura doce veces más cara, una obra parada al 30 %, y familias que pagan la luz con tarjeta de crédito. El termómetro del reordenamiento energético nacional se lee, por ahora, en esa tensión.