La Rioja, entre las doce provincias que dependen del salvavidas de Caputo en medio del giro al déficit fiscal generalizado

El conjunto de las jurisdicciones pasó en apenas un año del superávit financiero al rojo equivalente al 2,9% de sus ingresos. La caída real de la coparticipación y el atraso salarial empujaron a los gobernadores a recurrir a una línea especial de adelantos del Ministerio de Economía, con tasa del 15% y devolución asegurada vía retenciones automáticas. La Rioja figura en ese pelotón.

La Rioja vuelve a aparecer en una lista que el quintelismo preferiría no integrar. Junto a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, la provincia accedió a la línea especial de adelantos que habilitó el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo para que las administraciones subnacionales puedan afrontar gastos urgentes. La asistencia no es gratuita: devenga una tasa fija nominal anual del 15% y la devolución se garantiza mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables, es decir, sobre el flujo más sensible de la caja provincial.

El dato individual se inscribe en un cuadro nacional que cambió de signo. Según el relevamiento de la consultora Politikón Chaco —dirigida por Alejandro Pegoraro—, en doce meses el conjunto de las provincias pasó de exhibir un superávit financiero equivalente al 1,1% de sus ingresos a acumular un déficit del 2,9%. Solo siete jurisdicciones —Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán— lograron sostener el equilibrio, aunque con excedentes más estrechos que un año atrás.

La explicación, según el director de Politikón, se concentra en el desfasaje entre dos variables. El gasto provincial creció en torno al 9% en términos reales, empujado por la necesidad de descomprimir el atraso salarial heredado del feroz ajuste de 2024 y por una recomposición moderada del gasto de capital. Los ingresos, en cambio, avanzaron apenas al 3%. El resultado era previsible: o superávits más angostos o, directamente, números en rojo. La aritmética alcanzó a casi todos los gobernadores.

Sobre ese deterioro estructural se monta ahora un segundo factor de presión: la caída de la recaudación nacional, que ya acumula ocho meses consecutivos perdiendo contra la inflación. El IVA y Ganancias —los dos tributos que se reparten de manera federal— están en el centro del derrumbe. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) calculó que las transferencias automáticas desde la Casa Rosada hacia las provincias cayeron en términos reales un 6,4% en el primer trimestre del año, un golpe directo a las cajas provinciales.

Para La Rioja, el dato no es uno más. La provincia que conduce Ricardo Quintela arrastra desde hace meses un cuadro de fragilidad fiscal agravado por su condición de única jurisdicción argentina en default sobre los Bonos Verdes emitidos en el mercado internacional, con litigios abiertos en tribunales de Massachusetts. A esa mochila se suman las retracciones acumuladas en las transferencias no automáticas y la merma real de la coparticipación, dos canales sobre los cuales la administración nacional decidió ejercer su poder de fuego.

En ese contexto, la línea de adelantos habilitada por Economía no se lee solamente como un alivio técnico. Es, también, una correa de transmisión política. La provincia se compromete a devolver los fondos con cargo automático sobre la coparticipación, lo que estrecha aún más el margen de maniobra fiscal hacia adelante y deja al gobernador con menos pólvora para sostener el frente salarial, las prestaciones de APOS y las obras anunciadas para 2026.

La radiografía de Politikón muestra cuán desigual es la geografía del rojo provincial. Tierra del Fuego encabeza el ranking con un déficit financiero equivalente al 16,4% de sus ingresos, seguida por Santa Cruz (12,9%), Chubut (8%), Chaco (7,3%), Buenos Aires (6%, según proyección de la consultora) y Mendoza (5,8%). La Rioja no figura entre los casos más extremos del cuadro, pero la combinación de bajo superávit estructural, default soberano y dependencia creciente de los giros discrecionales la deja en una situación particularmente expuesta.

Algunas provincias —Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos o Santa Fe— optaron por salir al mercado internacional a colocar bonos en dólares, en operaciones que en buena medida apuntaron a refinanciar títulos más cortos y aliviar así la carga de intereses. Esa puerta, para La Rioja, está clausurada: mientras subsista el conflicto con los bonistas externos, el acceso al mercado voluntario de deuda permanece bloqueado y cualquier salida pasa, casi inevitablemente, por el escritorio del ministro de Economía.

El cuadro deja al quintelismo frente a una paradoja política incómoda. Quintela construyó su perfil nacional como el articulador peronista más enfrentado al modelo Milei-Caputo, pero su tesorería depende, mes a mes, de los giros automáticos, de las decisiones discrecionales de la Casa Rosada y, ahora también, de una línea de adelantos cuyo cobro futuro descontará coparticipación. La música del enfrentamiento sigue sonando en el plano discursivo; la letra fina, en cambio, la sigue escribiendo el Palacio de Hacienda. El 2026 fiscal de La Rioja se jugará, una vez más, en esa tensión.