EUCOP aclara: «No hay impuesto nuevo en boletas de energía» — es regularización de deuda de pandemia

Remo Bolognesi explicó que el decreto 1037/2025 busca normalizar pagos: volver de 60 a 30 días de vencimiento. La regularización se hará en 8 cuotas. Desmiente que haya erogación adicional o cargo inventado.

El Ente Único de Control de Obras y Servicios Públicos (EUCOP), a través de su titular Remo Bolognesi, realizó una aclaración sobre los movimientos en las boletas de servicios públicos que han generado confusión y reclamos en usuarios riojanos. La cuestión es técnica pero relevante: no se trata de un impuesto nuevo, de un cargo adicional, ni de una «erogación inventada», sino de una normalización de un corrimiento excepcional que fue aplicado durante la pandemia y que ahora se regulariza.

El contexto es el siguiente. En 2020, en el marco de la emergencia sanitaria y económica, el Gobierno provincial dispuso mediante el decreto 892/2020 diferir por 30 días el vencimiento de las facturas de servicios públicos. Esto significaba que los usuarios, que normalmente pagaban sus servicios a los 30 días del período consumido, pasaron a pagar a los 60 días. Era una medida de alivio financiero temporal para familias y comercios en crisis por el cierre pandémico.

Ahora, casi seis años después, el decreto 1037/2025 busca normalizar esa situación. Bolognesi explicó que el objetivo es restablecer el esquema regular de facturación: volver a pagos a 30 días. Sin embargo, hacer ese cambio de golpe generaría un impacto significativo en los usuarios: en un mismo mes tendrían que pagar dos facturas juntas (la del período actual y la que correspondía al desfasaje de la pandemia). Para evitar ese shock económico, se implementará una regularización en ocho cuotas consecutivas.

«De esta manera, cada usuario abonará una octava parte del monto correspondiente al período a corregir junto con las próximas facturas, evitando un impacto económico significativo», indicó Bolognesi. Esto significa que durante ocho meses, junto con la factura regular de cada mes, los usuarios pagarán una porción adicional que corresponde a la regularización del desfasaje. No es un impuesto nuevo, ni un cargo inventado: es la redistribución de una deuda que ya existía, pero que será abonada de manera graduada.

Vale recordar que EUCOP inicialmente había sugerido extender la regularización a solo tres cuotas. Sin embargo, luego de conversaciones con la empresa distribuidora de energía (EDELAR), se acordó ampliar el mecanismo a ocho cuotas. Esta extensión reduce aún más el impacto mensual para cada usuario, haciendo más llevadera la normalización del esquema de pagos.

Bolognesi fue explícito en su comunicado: «No hay un impuesto inventado, ni una tasa, ni una erogación adicional». La aclaración es importante porque en redes sociales y entre usuarios circulaban rumores de que se trataba de un nuevo cobro. La realidad es que se trata de regularizar una situación que fue excepcional. Durante la pandemia, la provincia permitió que los usuarios no pagaran lo que debían; ahora se busca que paguen eso que no pagaron, pero de manera distribuida.

Sin embargo, esta aclaración de EUCOP debe contextualizarse en el escenario más amplio de tarifas que ya cubrimos. Si bien esta regularización de deuda de pandemia no es un «impuesto nuevo», simultáneamente existe la solicitud de Cammesa de aumento del 35 por ciento para usuarios residenciales. Es decir: los usuarios no solo tendrán una octava parte de regularización adicional durante ocho meses, sino que también enfrentan la amenaza de un aumento significativo si Cammesa logra que la Secretaría de Energía Nacional apruebe su solicitud.

La secuencia de eventos es relevante: primero fue la caída de subsidios en noviembre (7.000 familias perdieron acceso), luego surgió la advertencia de EDELAR sobre el aumento de 35 por ciento solicitado por Cammesa, y ahora está la regularización de la deuda de pandemia en ocho cuotas. Cada uno de estos elementos, por separado, podría ser tolerable; en conjunto, generan una presión tarifaria acumulativa que resulta insostenible para usuarios en una provincia en crisis económica.

La aclaración de EUCOP es técnicamente correcta y legalmente justificada. Pero la realidad política es que los usuarios riojanos están viendo sus facturas de servicios públicos crecer en múltiples dimensiones simultáneamente: subsidios reducidos, regularización de deuda de pandemia, y amenaza de nuevos aumentos. EUCOP puede argumentar que no hay «impuesto nuevo», pero eso no cambia la experiencia concreta de familias que ven sus boletas más altas cada mes.

La provincia tiene derecho a regularizar una deuda que fue diferida durante la pandemia. EDELAR tiene derecho a cobrar según el marco tarifario que determina Nación. Pero el timing de todas estas medidas simultáneamente, en una provincia donde el comercio colapsa, el empleo informal supera el 50 por ciento y los salarios reales han caído, genera una crisis de servicios públicos que trasciende lo técnico y se convierte en un problema político y social.