El primer relevamiento nacional sobre el fenómeno quedó con un vacío estadístico en ocho distritos, incluida La Rioja. La omisión reaviva el debate sobre la transparencia judicial en una provincia donde los femicidios y la violencia de género siguen sin cifras sistemáticas propias.
Cuando el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos presentó el primer informe oficial que cuantifica las falsas denuncias en Argentina, una provincia brilló por su ausencia: La Rioja. Junto a Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, San Luis, Santa Cruz y Tucumán, el Ministerio Público riojano no respondió al relevamiento que analizó más de 8,2 millones de investigaciones penales entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país.
La falta de respuesta no es un dato menor. El informe fue elaborado en el contexto de un debate legislativo de alta temperatura: el proyecto de la senadora Carolina Losada busca endurecer las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento, con agravantes específicos para casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Para sostener o refutar esa iniciativa con evidencia sólida, los datos de cada provincia resultan imprescindibles. La ausencia de La Rioja deja un hueco en el mapa estadístico nacional.
El informe advierte que la no participación de ocho provincias limita la representatividad del relevamiento y señala que lo relevado «no representa la totalidad del país». Sin embargo, entre las 17 jurisdicciones que sí respondieron, el resultado fue claro: las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de causas penales, es decir, aproximadamente una por cada mil expedientes. El Observatorio concluyó que se trata de un «fenómeno marginal» y que los datos disponibles no justifican un agravamiento de penas.
Lo que no se sabe es si La Rioja sigue esa tendencia o si presenta particularidades locales. La provincia tiene un Ministerio Público relativamente pequeño y con recursos acotados, lo que en parte puede explicar la falta de sistemas de gestión capaces de desagregar este tipo de información. Pero la explicación técnica no borra el problema de fondo: sin datos propios, La Rioja no puede participar del debate con evidencia ni diseñar políticas públicas acordes a su realidad.
El contexto hace más urgente esa deuda. La violencia de género en La Rioja es un problema documentado de manera fragmentaria. Los registros provinciales de femicidios y denuncias por violencia doméstica han dependido históricamente de relevamientos nacionales o de organizaciones de la sociedad civil, más que de sistemas estadísticos propios del Poder Judicial o del Ministerio Público local. Esa brecha de información no es exclusiva de La Rioja, pero en una provincia con alta concentración de poder institucional y escaso escrutinio público, la opacidad estadística tiene costos concretos para las víctimas.
El propio informe del Observatorio apunta en esa dirección cuando concluye que los datos disponibles «evidencian un déficit de información —no un fenómeno de escala— y refuerzan la necesidad de invertir en registro, no en penas». Para La Rioja, esa inversión aún está pendiente.
Mientras el Senado avanza con el proyecto de Losada y el debate nacional gira en torno a si las falsas denuncias son o no un problema de escala, La Rioja observa desde afuera, sin números propios que la ubiquen en el mapa. Una ausencia que, en sí misma, ya dice algo.