El Gobierno destacó que los aumentos otorgados durante 2026 superan la inflación del primer semestre medida por el INDEC. La recomposición incluye $50.000 en BOCADE y una inyección de casi $12.000 millones a la economía riojana.

Ricardo Quintela volvió a poner la política salarial en el centro de su estrategia económica. Tras anunciar la segunda recomposición del año para los empleados públicos, el Gobierno provincial busca instalar un dato político: los incrementos acumulados durante 2026 quedaron por encima de la inflación registrada en el mismo período.

Con la actualización salarial correspondiente a julio, que se liquidará con los haberes de agosto, el piso salarial de la Administración Pública Provincial ascenderá a $825.000 para la categoría más baja del escalafón.

Ese monto incluye $50.000 en BOCADE (Bonos de Cancelación de Deuda), instrumentos que el Ejecutivo ratificó que serán rescatados antes de fin de año para transformarlos en pesos.

En la Casa de las Tejas remarcan que la recomposición acumulada alcanza el 26,9%, resultado de sumar el incremento del 11,9% otorgado en febrero y el 15% anunciado este mes.

Ese porcentaje se ubica por encima de la inflación acumulada del primer semestre, que según el INDEC alcanzó el 16,8%, mientras que las proyecciones oficiales anticipan que el índice de julio también se mantendrá por debajo del 2%.

Con esos números, el Gobierno busca diferenciar su política salarial de la evolución de los precios y mostrar que, al menos durante 2026, logró preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Pero la apuesta oficial va más allá de la discusión salarial.

El Ejecutivo sostiene que la recomposición también funciona como una herramienta para sostener la actividad económica provincial en un contexto de desaceleración del consumo y retracción del empleo privado.

Según las estimaciones oficiales, el aumento representará una inyección cercana a $12.000 millones en la economía riojana.

De ese total, alrededor de $8.000 millones serán desembolsados en pesos, mientras que otros $4.000 millones se distribuirán mediante BOCADE, que luego serán rescatados por la Provincia.

El Gobierno considera que esa mayor circulación de recursos permitirá fortalecer el comercio local y amortiguar el impacto del menor dinamismo económico que afecta a distintos sectores productivos de la provincia.

La recomposición salarial también se inscribe en una estrategia política de Quintela para sostener uno de los principales activos de su gestión: la actualización periódica de los ingresos de los empleados públicos, que representan una parte significativa del movimiento económico en La Rioja.

Con la discusión salarial parcialmente cerrada, el foco del Gobierno comenzará a trasladarse ahora hacia otros desafíos, como la definición sobre el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, el sostenimiento de las cuentas provinciales y la evolución de la actividad privada durante el segundo semestre.