La Rioja incorporó el juicio por jurados mediante la Ley 10.796, sancionada el 15 de mayo de 2025, promulgada por el gobernador Ricardo Quintela el 6 de junio y publicada una semana después. La reforma fue presentada como un cambio histórico para una Justicia penal regida durante décadas por un sistema predominantemente escrito.
La norma establece que doce ciudadanos, con integración paritaria entre mujeres y hombres, deberán decidir por unanimidad si una persona acusada es culpable o no culpable. Será obligatorio para delitos cuya pena máxima supere los veinte años de prisión y podrá aplicarse, por decisión fiscal, ante hechos de fuerte conmoción social.
Sin embargo, la propia ley condicionó su funcionamiento a la implementación previa del nuevo sistema procesal penal acusatorio. También delegó en una comisión especial el cronograma, la confección de las listas de ciudadanos y la organización de la Oficina Judicial encargada de los sorteos.
Durante 2025 y 2026 se realizaron capacitaciones para fiscales, jueces, defensores, policías y empleados judiciales. En julio, la Legislatura fue escenario de un simulacro que reprodujo alegatos, presentación de pruebas, deliberación y veredicto. El ejercicio mostró avances técnicos, pero confirmó que el sistema continuaba en una etapa preparatoria.
El cronograma inicial ubicaba el comienzo del proceso penal adversarial el 1° de agosto de 2026. Antes de esa fecha, autoridades judiciales admitieron que aún debía completarse un diagnóstico y definirse con el Ejecutivo y la Legislatura el presupuesto y los tiempos de ejecución.
Hasta ahora no existe información oficial sobre la celebración del primer juicio por jurados real en la provincia. El interrogante ya no pasa por la existencia de la ley, sino por los recursos y las decisiones administrativas necesarias para convertirla en una práctica efectiva.
La experiencia de otras provincias demuestra que no alcanza con sortear ciudadanos: hacen falta salas adecuadas, personal capacitado, fondos para compensar a los jurados y garantías para preservar su imparcialidad. La Rioja dio el paso legislativo y avanzó con ensayos. El desafío es evitar que una reforma anunciada como histórica permanezca entre capacitaciones, simulacros y fechas sujetas a revisión.
