La Rioja sancionó en mayo de 2025 la Ley 10.797 con la promesa de reemplazar un Código Procesal Penal vigente desde 1951. El cambio debía terminar con el modelo en el que el juez investiga y después decide, para avanzar hacia un sistema acusatorio: los fiscales investigan, la defensa contradice la acusación y los magistrados controlan las garantías y resuelven.
La reforma también dispone audiencias orales y públicas, plazos más breves, mayor participación de las víctimas y juicios por jurados para los delitos más graves. No se trata solamente de modificar procedimientos, sino de reorganizar el poder dentro del sistema penal.
El artículo 336 fijó el 1° de agosto de 2026 como fecha inicial de vigencia. La aplicación debía ser progresiva y alcanzar todas las circunscripciones judiciales en un máximo de tres años. Si existían razones de fuerza mayor, la Comisión de Implementación debía presentar un informe fundado ante la Legislatura.
Ese obstáculo finalmente apareció. En julio, la Cámara de Diputados autorizó una prórroga de nueve meses y trasladó la puesta en marcha al 1° de mayo de 2027. El presidente del bloque justicialista, Cristian Pérez, reconoció que el problema central era financiero y presupuestario.
La transformación requiere nuevas fiscalías, oficinas judiciales, sistemas informáticos, salas de audiencias, capacitación y transferencia de personal desde los juzgados de instrucción hacia los ministerios públicos. Esos gastos deberán incorporarse al presupuesto provincial de 2027.
El texto original tampoco llegó intacto a la fecha prevista. En junio de 2026, la Legislatura sancionó la Ley 10.878 para corregir errores de numeración y referencias internas producidos al incorporar las figuras del agente encubierto digital y la evidencia digital. También amplió la comisión encargada de conducir la reforma.
El Código establece además un sistema para cerrar causas iniciadas bajo el régimen anterior. Prevé archivos por inactividad, aunque excluye homicidios, abusos sexuales graves, violencia de género, corrupción y delitos con penas elevadas.
La postergación deja una conclusión incómoda: La Rioja aprobó una de sus reformas institucionales más importantes, pero fijó una fecha que el propio Estado no pudo financiar. El desafío ya no es explicar las ventajas del sistema acusatorio, sino demostrar que mayo de 2027 será una fecha efectiva y no el comienzo de otra prórroga.
