El asesor general de Gobierno de La Rioja, Pedro Goyochea, aportó nuevos datos sobre la emergencia crediticia y aseguró que, según las estadísticas analizadas por el Ejecutivo, entre cuatro y seis de cada diez contratos prendarios que entran en conflicto terminan con la ejecución del bien.
La situación comprende fundamentalmente automóviles, camionetas y motocicletas.
Goyochea explicó que la Provincia suspendió durante 180 días las ejecuciones prendarias y defendió la competencia provincial para hacerlo. Según su interpretación jurídica, no se modifica el contrato de prenda regulado nacionalmente, sino el procedimiento judicial mediante el cual se concreta la ejecución en territorio riojano.
También alcanza a empresas de otras provincias
El funcionario sostuvo que la suspensión tiene efectos aun cuando el acreedor tenga su casa matriz fuera de La Rioja, porque la ejecución debe tramitarse judicialmente en el domicilio del deudor.
Durante esos 180 días, acreedor y deudor pueden recurrir a Defensa del Consumidor para intentar una mediación, conciliación o acuerdo que permita regularizar la obligación antes de llegar al secuestro del vehículo.
Goyochea respondió además a los cuestionamientos jurídicos de abogados que consideran que las normas provinciales podrían interferir con legislación nacional. Su posición es que las leyes riojanas actúan sobre el procedimiento de ejecución, materia que considera de competencia provincial.
Mastercard: 52% y 56%
El asesor precisó también las condiciones para reestructurar deudas.
Indicó una tasa del 52% para préstamos a 12 meses y del 56% para plazos de hasta 36 meses, dentro del esquema de regularización.
Además, confirmó que quienes realizaron una refinanciación anteriormente pueden presentarse nuevamente para analizar su situación bajo las condiciones actuales.
En el caso de Mastercard, explicó que la negociación se realiza con la tarjeta mediante la intervención del Banco Rioja y que cada expediente requiere evaluación individual.
Qué hacer ante cobros considerados abusivos
Goyochea sostuvo que situaciones en las que intereses, comisiones u otros cargos provocan que una deuda continúe creciendo pese al cumplimiento de un plan pueden ser denunciadas ante Defensa del Consumidor.
El régimen surge del DNU provincial 1293/2026, posteriormente ratificado —según indicó— mediante la Ley 10.901.
También diferenció estas controversias de la usura informal. Cuando existen retención de DNI, tarjetas de débito, documentación de vehículos o títulos de propiedad como mecanismo de cobro, señaló que pueden existir conductas penalmente relevantes y que corresponde denunciar ante la Policía o el Ministerio Público Fiscal.
Los Chachos en 2027 necesitarán otra autorización
Goyochea aclaró finalmente qué debería ocurrir para que los Chachos continúen durante 2027.
La emisión utilizada en 2026 está contemplada en la Ley de Presupuesto provincial. Para repetir el mecanismo el próximo año, explicó, la Legislatura deberá incorporar nuevamente una autorización en el Presupuesto 2027.
Por lo tanto, la continuidad de los bonos no depende solamente de una decisión del Ejecutivo: deberá atravesar nuevamente una instancia legislativa.
La entrevista deja así tres definiciones centrales: la Provincia defenderá la suspensión de las ejecuciones prendarias, ampliará la intervención sobre deudas consideradas abusivas y necesitará una nueva autorización legislativa si pretende mantener Los Chachos en 2027.
