Instalaciones de una planta de AySA. Imagen de archivo (2013). Foto: Alejandrobarrios1987 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes 15 de septiembre la apertura de las ofertas técnicas para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la participación de dos oferentes. El proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones del Estado nacional, equivalentes al 90% del capital de la compañía.
La apertura representa una nueva instancia de la licitación. El comunicado del Ministerio de Economía precisa que la Comisión de Evaluación continuará con el análisis de las propuestas técnicas de acuerdo con el pliego; no informa una adjudicación definitiva.
Quiénes presentaron ofertas
El Ministerio identificó a ROWING S.A. — Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX y a ROGGIO ROAS S.A. — Consorcio Roggio Roas S.A.U. y otros. Esas son las denominaciones consignadas en la comunicación oficial.
AySA presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Su área de concesión no comprende a La Rioja: las condiciones anunciadas corresponden a esa empresa y no establecen cambios sobre el servicio de agua provincial.
Inversiones y expansión del servicio
De acuerdo con Caputo, el futuro operador tendrá obligaciones de inversión por más de US$ 2.000 millones durante los primeros cinco años, destinadas a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la prestación.
En la conferencia del 15 de septiembre, el vocero presidencial, Adrián Ravier, precisó que el plan obligatorio 2027-2031 contempla inversiones por $ 2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. Se trata de un monto expresado a precios de esa fecha, no de desembolsos ya ejecutados. Su comparación con el compromiso anunciado en dólares requiere considerar la fecha y el criterio de conversión utilizados.
Según el comunicado de Economía, el contrato fija para 2031 una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas. Al finalizar el plazo inicial de 30 años, las metas deberán alcanzar como mínimo el 90% y el 75%, respectivamente.
El Ministerio también proyecta pagos de US$400 millones de IVA y US$350 millones de Ingresos Brutos durante el primer ciclo tarifario. Son estimaciones tributarias presentadas por el Gobierno, diferenciadas del monto comprometido para inversiones.
Además del control anual del ERAS y la certificación de las inversiones por un auditor técnico independiente, el comunicado señala que el contrato prevé garantías y sanciones por incumplimientos graves y reiterados, que pueden incluir multas y la pérdida de la concesión.
Los compromisos anunciados deberán cumplirse durante la futura gestión privada. Por lo tanto, el monto informado constituye una obligación de inversión prevista y no desembolsos ya realizados.
El anuncio de Caputo en X
Cobertura, auditorías y el papel del Estado
El presidente de AySA, Alejo Maxit, afirmó que un tercio del área que atiende la empresa todavía no cuenta con agua potable ni cloacas. Sostuvo que esa deuda de infraestructura debe resolverse con inversión, reglas claras y supervisión. El mensaje no desagrega el déficit de cobertura por servicio.
Maxit señaló que las metas de cobertura estarán auditadas y bajo control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Vocería Presidencial agregó que el cumplimiento de las obligaciones se controlará anualmente y que las inversiones financiadas por la concesionaria deberán contar con la certificación de un auditor técnico independiente.
Según el diagnóstico difundido por Vocería, AySA recibió más de US$ 13.400 millones en transferencias del Tesoro entre 2006 y 2023 y registra un 42% de pérdidas de agua no contabilizada. La comunicación también señaló un aumento del 80% de los costos operativos, sin precisar el período ni la base de comparación de ese porcentaje.
La privatización comprende la totalidad de la participación estatal. El 10% restante del capital pertenece al personal mediante el programa de participación accionaria y no integra el paquete del Estado puesto a la venta.
“El Estado no tiene que ser empresario: su rol es regular, supervisar y controlar”, expresó Maxit, al defender el esquema de participación privada. También agradeció a los equipos de AySA por sostener el servicio diariamente y respaldó la orientación del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo.
Qué significa mantener las tarifas en términos reales
El comunicado de Economía precisa que el primer ciclo tarifario comprende 2027-2031. Durante ese período, el esquema establece mantener constante en términos reales el nivel tarifario vigente al momento de su presentación y no proyecta nuevos aumentos reales, sin perjuicio de las excepciones previstas en el contrato.
Esa expresión supone conservar su valor una vez descontado el efecto de la inflación. No equivale a congelar durante cinco años el importe en pesos de las facturas, que puede variar sin que exista un incremento real.
El ministro vinculó la privatización con mejoras del servicio y menores costos. Esos resultados fueron planteados como objetivos del Gobierno; su concreción dependerá del cumplimiento de las inversiones y de las condiciones de operación.
La evaluación de las propuestas y la posterior definición de la adjudicación serán las instancias que permitan conocer quién asumirá el control de AySA y bajo qué compromisos se concretará el traspaso.
El comunicado completo del Ministerio de Economía
La publicación oficial incluye las dos páginas del comunicado sobre oferentes, inversiones, cobertura y condiciones tarifarias.
Fuentes: publicación de Luis Caputo en X y datos sobre el área de concesión de AySA.