Quintela entregó 206 viviendas con fondos provinciales en un gesto de desafío al ajuste nacional. Sin embargo, la maniobra expone la fragilidad de su modelo: ¿cómo contener la frustración de miles de inscriptos cuando el Estado se queda solo y sin recursos para sostener el ritmo de obra?
En la política riojana, la entrega de una vivienda social ha sido históricamente el acto de consagración máxima del vínculo entre el puntero y el territorio, entre el gobernador y «su gente». La foto de este viernes, con Ricardo Quintela entregando 206 llaves financiadas —según el relato oficial— exclusivamente por el Tesoro provincial, busca reeditar esa mística. Es la escenificación perfecta de la resistencia: allí donde Javier Milei retira al Estado nacional de la obra pública, el caudillo riojano lo expande. Pero detrás de la emoción de las familias adjudicatarias y los discursos de barricada, se esconde una pregunta aritmética que ningún funcionario se anima a responder en voz alta: ¿hasta cuándo aguanta la ficción de un Estado provincial constructor en soledad?
La entrega de estas unidades en la zona sur de la Capital funciona como un potente analgésico social, pero de efecto corto. El problema de fondo no son las 206 familias que celebran, sino las miles que miran desde afuera, con la carpeta bajo el brazo y la paciencia erosionada. En una provincia donde el mercado inmobiliario privado es inaccesible para la gran mayoría y el crédito hipotecario es una quimera, el Estado se ha convertido en el único oferente de techo digno. Y al ponerse ese traje de proveedor único, el gobierno de Quintela asume un riesgo letal: ser el único responsable de la frustración.
El cuello de botella financiero
La narrativa oficial destaca el esfuerzo de usar fondos propios ante la «deserción» de la Nación. Es un argumento político válido para la tribuna, pero insostenible en el Excel. La construcción de viviendas es intensiva en capital. Sin los giros discrecionales de la Casa Rosada ni los programas federales de vivienda, La Rioja está quemando naves —o endeudándose, como prevé el Presupuesto 2026— para mantener estas entregas a cuentagotas.
El dilema es cruel: al promocionar que «La Rioja puede sola», el gobierno eleva la vara de la expectativa pública. Si la provincia demuestra que tiene plata para terminar estas casas, la fila de demandantes no aceptará la excusa de la crisis nacional para las próximas. Quintela ha quedado atrapado en su propia promesa de eficiencia y autonomía.
La lotería del Estado presente
En este esquema, la política habitacional deja de ser un plan sistemático para convertirse en una suerte de lotería benévola. Para el ciudadano de a pie, acceder a la casa propia no depende de su capacidad de ahorro ni de un sistema de crédito transparente, sino de la «muñeca» política y de los tiempos de la administración pública. Esto genera una tensión social latente. ¿Cómo se contiene a los que quedaron fuera del sorteo o de la adjudicación en un contexto de recesión?
La «demanda» a la que se enfrenta el gobierno no es solo de ladrillos; es una demanda de sentido. Durante 40 años, el peronismo riojano enseñó que el Estado provee. Hoy, ese Estado tiene los bolsillos flacos, pero la sociedad sigue teniendo el mismo hambre de soluciones. Las 206 viviendas son un alivio para unos pocos y un recordatorio de la carencia para muchos. En el intento de contentar a todos con recursos menguantes, La Rioja corre el riesgo de descubrir que la «justicia social» financiada con déficit tiene patas cortas. La fiesta de la entrega de llaves termina, pero la lista de espera sigue creciendo, silenciosa y exigente, en los pasillos de la administración pública.
