Mientras el gobernador Quintela celebra el desembarco de una nueva empresa como un triunfo de la autonomía, el sector observa con escepticismo: ¿es sostenible atraer inversiones de capital intensivo sin el paraguas jurídico y fiscal que ofrece la Nación?
En el desértico paisaje de La Rioja, donde la urgencia económica suele imponerse a la planificación estratégica, el gobernador Ricardo Quintela intenta cultivar una rareza política: la minería sin RIGI. La reciente celebración oficial por el arribo de una nueva empresa al territorio provincial fue escenificada no solo como un anuncio económico, sino como una reivindicación ideológica. El mensaje hacia la Casa Rosada es directo: la provincia puede gestionar sus recursos y atraer capitales sin arrodillarse ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) promovido por Javier Milei. Pero detrás de los aplausos en la Casa de Gobierno riojana, la pregunta que inquieta a los analistas es si esta «excepción riojana» es un modelo sostenible o apenas un espejismo de corto plazo.
La minería, por definición, es una industria de tiempos largos y capitales hundidos masivos. Los inversores globales buscan, ante todo, previsibilidad y competitividad fiscal. El RIGI fue diseñado precisamente para ofrecer ese blindaje ante la volatilidad argentina. Al rechazar la adhesión a este esquema —o al menos, al intentar plantear un esquema paralelo—, La Rioja decide jugar en el mercado internacional con una mano atada a la espalda.
El costo de la «soberanía» provincial
La estrategia de Quintela se basa en un esquema de «asociación» donde el Estado provincial, a través de sus empresas públicas (como Kallpa), juega un rol protagónico, casi de socio obligado. Si bien esto seduce a ciertos perfiles de inversores —generalmente aquellos dispuestos a asumir mayor riesgo político a cambio de un acceso privilegiado a los yacimientos—, espanta al grueso del capital occidental institucional, que prefiere reglas de juego claras y estandarizadas a la discrecionalidad de los acuerdos gobierno a gobierno.
El interrogante central es de competitividad. ¿Puede un proyecto de cobre o litio en La Rioja ser rentable cargando con la estructura impositiva estándar y las exigencias de participación estatal, mientras que cruzando la frontera, en San Juan o Catamarca, los proyectos gozan de los beneficios del RIGI? La física del mercado sugiere que el capital fluye hacia donde encuentra menor resistencia.
¿Voluntarismo o pragmatismo forzado?
El anuncio de esta nueva inversión es utilizado por el oficialismo local para desmentir la tesis del aislamiento. «No necesitamos que nos digan desde Buenos Aires cómo explotar nuestros cerros», es el subtexto del discurso oficial. Sin embargo, en el sector minero advierten que una cosa es la exploración (donde los montos son menores) y otra muy distinta es la construcción de una mina, que requiere miles de millones de dólares. Es en esa segunda etapa donde la ausencia de las garantías nacionales podría convertirse en un muro infranqueable.
La Rioja se adentra así en un experimento riesgoso. Pretende desacoplarse de la macroeconomía libertaria y construir una «burbuja» minera con reglas propias. Si logra que los proyectos avancen, Quintela habrá demostrado que el federalismo fuerte es posible incluso en la era de la desregulación. Pero si las inversiones se quedan en meros anuncios o en etapas preliminares por falta de financiamiento internacional, la provincia habrá perdido una oportunidad histórica, sacrificando el desarrollo real en el altar de la disputa política con la Nación. Por ahora, la moneda está en el aire, girando sobre los cerros riojanos.
