En 2018, el ex ministro de Hacienda Ricardo Guerra fue despedido por el gobernador Sergio Casas dejando 72 millones de dólares en una cuenta especial y más de 1.500 millones de pesos en el Tesoro provincial. En 2022, la gestión Quintela vendió el Parque Eólico Arauco II a Pampa Energía por 171 millones de dólares. Sumados, son 243 millones de dólares extraordinarios que ingresaron a las arcas riojanas en menos de cinco años. Hoy la provincia está en default, pide anticipos de coparticipación y no puede pagar a sus proveedores. Nadie explicó a dónde fue ese dinero.
Hay dos momentos en la historia fiscal reciente de La Rioja que, leídos en conjunto, configuran uno de los interrogantes más graves de la política provincial argentina: en junio de 2018, el ex ministro de Hacienda Ricardo Guerra fue despedido por el entonces gobernador Sergio Casas dejando en las cuentas del Estado riojano 72 millones de dólares en una cuenta especial y más de 1.500 millones de pesos en el Tesoro General. Cuatro años y medio después, en diciembre de 2022, la gestión del gobernador Ricardo Quintela vendió el Parque Eólico Arauco II a la empresa Pampa Energía por 171 millones de dólares.
Dos ingresos extraordinarios. Dos momentos distintos. Un mismo resultado: La Rioja está hoy en default sobre sus bonos en dólares, litiga con bonistas en tribunales de Nueva York, tiene la obra pública paralizada, acumula deudas con proveedores del Estado y este lunes debió recurrir al gobierno de Javier Milei para obtener un anticipo de coparticipación publicado en el Boletín Oficial mediante el Decreto 219/2026.
Sumados, los 72 millones que dejó Guerra y los 171 millones de la venta de Arauco II representan 243 millones de dólares que pasaron por las manos del Estado riojano en menos de cinco años. Nadie ha explicado públicamente, con documentación concreta, a dónde fueron.
El dinero que Guerra dice haber dejado
El 5 de junio de 2018, el gobernador Sergio Casas removió a Ricardo Guerra del cargo de ministro de Hacienda en una salida abrupta que el propio ex funcionario recuerda con precisión milimétrica. Y tiene razones para hacerlo: afirma haber dejado las cuentas documentadas con actas firmadas en el momento del traspaso.
Lo que dejó, según sus propias declaraciones públicas, fue concreto y verificable: 72 millones de dólares en una cuenta especial constituida para administrar los remanentes del bono verde —el instrumento financiero por 300 millones de dólares que La Rioja había emitido para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco— y más de 1.500 millones de pesos en las cuentas del Tesoro General de la provincia. «Tengo muy bien guardado los fondos que han quedado, tanto en pesos en el Tesoro General de la provincia, como en una cuenta especial los dólares que quedaban del bono verde», afirmó Guerra públicamente.
Esos fondos tenían, según el ex ministro, un destino específico previamente acordado: financiar obras de infraestructura que la provincia podía ejecutar con recursos propios, entre ellas la línea eléctrica hacia los llanos, la continuación de la línea hacia Chilecito y el Mercado Concentrador, proyectos que estaban en agenda pero que el gobierno nacional de entonces no financiaba.
La pregunta que nadie respondió en los más de siete años transcurridos desde aquel 5 de junio de 2018 es una sola: ¿qué hizo el gobierno de Casas primero, y el de Quintela después, con esos 72 millones de dólares? ¿Se ejecutaron las obras previstas? ¿Se usaron para cubrir déficit operativo? ¿Se aplicaron a servicios de deuda? ¿Existe alguna rendición de cuentas pública que permita rastrear su destino a través de las distintas gestiones?
El silencio oficial es la única respuesta disponible. Y ese silencio es aún más estruendoso si se considera que Guerra no es un ex funcionario cualquiera: es el actual síndico del Banco Rioja, designado por la propia gestión Quintela, lo que lo convierte en un actor que conoce desde adentro tanto el origen de los fondos como la institución que hoy está en el centro de los litigios con bonistas en default.
Los 171 millones de Pampa Energía
Si el destino de los 72 millones de Guerra nunca fue explicado, el de los 171 millones de dólares que Pampa Energía pagó por el Parque Eólico Arauco II tampoco lo fue.
En diciembre de 2022, la empresa liderada por Marcelo Mindlin anunció la firma del contrato de compra del 100% del capital social de Vientos de Arauco Renovables S.A.U., la sociedad que operaba el Arauco II, un parque de 100 megavatios ubicado en el departamento Arauco. El precio pactado fue de 171 millones de dólares, una cifra que al tipo de cambio de ese momento representaba varios meses de coparticipación federal para una provincia que ya exhibía señales de estrés financiero.
Para Pampa Energía el negocio fue estratégico: sumó el Arauco II a sus parques Mario Cebreiro, Pampa II y III, alcanzando una capacidad renovable de 387 MW que la ubica como uno de los actores centrales del mercado eléctrico argentino. Para La Rioja, la venta implicó desprenderse de un activo generador de ingresos genuinos y predecibles —la energía eólica tiene costos operativos bajos y contratos de largo plazo— a cambio de un ingreso de capital cuyo destino nadie explicó.
La operación fue anunciada con énfasis por el gobierno provincial como el inicio de una asociación estratégica para el desarrollo de nuevos proyectos de generación renovable en La Rioja. Lo que no se anunció fue un informe detallado sobre el uso de los 171 millones recibidos: si se aplicaron a cancelar deuda, si ingresaron al Tesoro, si se destinaron a obra pública o si se consumieron en gasto corriente.
Dos años después de esa venta, La Rioja declaró el default sobre sus bonos en dólares.
243 millones de dólares y una sola pregunta
La aritmética es simple y aplastante. Entre los 72 millones que Guerra dice haber dejado en 2018 y los 171 millones que Pampa Energía pagó en 2022, La Rioja tuvo acceso a 243 millones de dólares extraordinarios en menos de cinco años, sobre una base de coparticipación federal que, como revelan los datos del primer trimestre de 2026, ya la ubica entre las provincias que más recursos per cápita reciben del sistema federal.
Ese volumen de recursos, bien administrado, debería haber permitido cancelar deuda, capitalizar el Estado, financiar infraestructura y construir un colchón de liquidez para absorber shocks fiscales. En cambio, La Rioja terminó emitiendo deuda en dólares que no pudo honrar, vendiendo sus activos estratégicos para cubrir necesidades inmediatas y pidiendo prestado al mismo gobierno que critica políticamente.
La Ley de Acceso a la Información Pública sancionada por la propia gestión Quintela —y que el secretario general Herrera exhibe como prueba de transparencia— debería ser el instrumento para responder con documentos lo que las declaraciones públicas no han podido responder en años: ¿qué se hizo con los 72 millones de Guerra? ¿Qué se hizo con los 171 millones de Pampa Energía?
Son preguntas que 400.000 riojanos tienen derecho a que se respondan. No en declaraciones radiales, no en comunicados de prensa, sino en balances auditados, rendiciones de cuentas y documentos públicos accesibles. Mientras esa respuesta no llegue, los 243 millones de dólares seguirán siendo el agujero negro de las finanzas riojanas: un monto que existió, que ingresó, y que nadie sabe —o nadie quiere decir— a dónde fue.
