El ministro bonaerense Carlos Bianco disparó contra el Presidente por el reparto discrecional de fondos a las provincias y los créditos del Banco Nación. Buenos Aires lleva ocho demandas ante la Corte Suprema. La provincia riojana, en tanto, figura entre las pocas opositoras que sí recibieron el adelanto de coparticipación, lo que profundiza las tensiones del federalismo fiscal argentino.
La guerra entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Javier Milei escaló un nuevo peldaño. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la mano derecha del gobernador Axel Kicillof, fue al hueso: «Milei lo único que hace es robar, es afanar», disparó, y acusó al Ejecutivo nacional de repartir los recursos federales con criterio político y no técnico. En ese contexto, La Rioja vuelve a aparecer como un caso atípico dentro del mapa del conflicto federal: la provincia de Ricardo Quintela, uno de los gobernadores más críticos del modelo libertario, fue incluida en el esquema de adelantos de coparticipación de hasta $400.000 millones, mientras que Buenos Aires —el distrito más populoso del país— quedó afuera una vez más.
El contraste es elocuente y alimenta el debate sobre la discrecionalidad con la que la Casa Rosada administra los recursos que reparte entre las provincias. De los doce distritos que accedieron al anticipo financiero dispuesto por decreto y publicado esta semana en el Boletín Oficial, la gran mayoría responde políticamente al oficialismo nacional. Las excepciones son Tierra del Fuego y La Rioja, cuya inclusión fue leída en clave pragmática: evitar un colapso fiscal en cadena en provincias con serias dificultades para afrontar sus gastos corrientes.
La acusación de Bianco y la deuda acumulada
Bianco fue explícito al vincular el conflicto distributivo con los créditos que funcionarios del gobierno nacional tomaron en el Banco Nación, una entidad pública. «Dicen que está mal el Estado y se tiran de pechito a garrapiñar créditos del Banco Nación», cuestionó, en referencia a la polémica que sacudió al oficialismo en los últimos días. «Es un Gobierno que vino a privatizar el Banco Nación y sus funcionarios se tiran de palomita a sacar créditos de la banca pública», insistió.
En términos concretos, el gobierno bonaerense calcula que la deuda acumulada del Estado nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a $15 billones, cifra que trepa a más de $22 billones si se suman las pérdidas por recaudación resignada en los últimos dos años. Eso equivale al 50% del presupuesto provincial anual, que este año supera los $44 billones.
A eso se suma la exclusión de Buenos Aires de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): el Gobierno repartió esta semana $47.000 millones entre distintos distritos, y la provincia más grande del país volvió a quedar fuera de la distribución.
Ocho demandas y una cautelar
La respuesta de Kicillof no fue solo verbal. La semana pasada, Buenos Aires interpuso una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia por incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y del convenio 2023, y solicitó una medida cautelar para que la Nación vuelva a aplicar el método correcto de distribución de fondos. El monto reclamado asciende a $1,13 billones más actualización e intereses, e incluye diferencias por el Fondo del Conurbano y el saldo impago del convenio 2023. Es la octava demanda que Kicillof impulsa contra el gobierno de Milei.
El espejo riojano
Para La Rioja, el cuadro nacional tiene una resonancia particular. La provincia también acumula demandas judiciales contra el Estado nacional —incluyendo el litigio por los bonos en default ante tribunales de Massachusetts— y arrastra una situación fiscal estructuralmente comprometida. Sin embargo, a diferencia de Buenos Aires, Quintela aceptó el adelanto de coparticipación, un movimiento que algunos sectores del peronismo provincial interpretan como una concesión táctica y otros como una necesidad impostergable ante la asfixia de las cuentas públicas.
La pregunta que recorre los pasillos de la Casa de Gobierno riojana es si esa aceptación de fondos implica un primer paso hacia una negociación más amplia con la Nación —al estilo de los acuerdos que cerraron Santa Fe y Córdoba con Anses por sus Cajas de Jubilaciones— o si Quintela mantendrá la confrontación como eje de su estrategia política de cara al ciclo electoral de 2027. La respuesta definirá, en buena medida, cuánto margen fiscal tendrá La Rioja para llegar a las urnas con cierta estabilidad.
