El gobierno nacional habilitó un adelanto de coparticipación de $400.000 millones para evitar que los distritos tomen deuda externa para pagar sueldos. La recaudación acumula ocho caídas consecutivas y la baja de Ingresos Brutos, meta de Caputo, se postergaría para 2027. La provincia riojana figura en el decreto 219/2026 junto a otras once jurisdicciones en situación crítica.
La provincia de La Rioja quedó incluida en el decreto 219/2026, la norma que el gobierno de Javier Milei firmó este lunes para habilitar un esquema de adelantos de coparticipación de hasta $400.000 millones destinado a doce provincias con urgencias financieras. La medida, que lleva las firmas del Presidente, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Manuel Adorni, expone con crudeza el estado de las finanzas provinciales en la Argentina de 2026: el interior del país necesita asistencia de emergencia para pagar salarios, y la ambiciosa reforma tributaria que el Ejecutivo nacional prometió para este año deberá esperar, al menos, hasta 2027.
La lista de beneficiadas incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Entre Ríos ya había recurrido al mismo mecanismo en enero. Se trata, en su mayoría, de provincias con estructuras de gasto rígidas y fuerte dependencia de los giros automáticos desde la Nación, que en el primer trimestre del año acumularon una caída real del 6,4% interanual, equivalente a $1,15 billones menos en las arcas de los veinticuatro distritos del país.
El auxilio que revela la crisis
Los fondos se otorgan bajo la modalidad de préstamo con una tasa de interés cercana al 15% anual, «muy por debajo de lo que cobraría el mercado», según precisaron fuentes del Ministerio de Economía. Deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal 2026, con intereses, mediante la afectación de recursos coparticipables. En otras palabras: las provincias recibirán dinero ahora y lo devolverán más adelante, descontándolo de sus propias transferencias futuras.
El mecanismo fue negociado por el ministro del Interior, Diego Santilli, con Caputo, luego de que los gobernadores insistieran ante la Rosada sobre el deterioro de sus finanzas. El diagnóstico que Santilli trasladó a la mesa política del Ejecutivo es contundente: en las provincias, entre el 60% y el 70% del gasto corriente se destina a salarios. Con los gremios estatales presionando por recomposiciones por encima de la inflación —algo que los mandatarios no lograron evitar en 2025 y que tampoco podrán esquivar en 2026—, el riesgo de que algunos distritos recurran al endeudamiento para cubrir la nómina salarial ya no es hipotético. En varios casos, es una realidad.
La reforma fiscal que se aleja
El cuadro fiscal complica directamente uno de los objetivos centrales del tándem Milei-Caputo para este año: impulsar una reducción coordinada del impuesto provincial a los Ingresos Brutos (IIBB) y de las tasas municipales. Ese tributo representa, en promedio, entre el 80% y el 82% de la recaudación tributaria provincial, según un informe de la consultora Eco Go. Con ocho de cada diez pesos de origen fiscal provenientes de esa fuente, ningún gobernador que esté reclamando más recursos al mismo tiempo está en condiciones políticas ni financieras de resignar alícuotas.
«En este contexto, los gobernadores están más cerca de aumentar impuestos que de bajar. Es lo que está pasando en algunos municipios. Hay reformas pendientes pero en un contexto de recaudación planchada son muy difíciles de hacer», admitió un economista que sigue las cuentas provinciales. Los especialistas coinciden en que avanzar en ese sentido requiere una «coordinación consensuada» y que lo más viable sería una reducción gradual acompañada de una compensación de fondos desde la Nación, algo que hoy no está sobre la mesa.
La recaudación nacional registró en marzo su octava caída consecutiva. En el primer trimestre, el derrumbe de las transferencias no automáticas —obras, programas sociales, fondos específicos— fue del 69,1% interanual en términos reales, acumulando una baja real del 59,1% en lo que va del año. En total, la pérdida para el conjunto de las provincias asciende a $1,55 billones, el segundo peor primer trimestre desde 2005, superado únicamente por el registro de 2024.
La Rioja: el doble desafío
Para La Rioja, la inclusión en el decreto no es solo un alivio de caja. Es también una señal política que el gobernador Ricardo Quintela deberá administrar con cuidado. La provincia arrastra una de las situaciones fiscales más comprometidas del país, agravada por el litigio con la Nación en los tribunales de Massachusetts por el default de sus bonos y por años de dependencia casi total de los fondos nacionales para sostener su aparato estatal.
Al mismo tiempo, la caída de la inversión pública nacional golpea con particular intensidad a La Rioja, cuya red vial y de infraestructura depende históricamente de la obra pública financiada desde Buenos Aires. Con la Nación retirada de ese rol y las provincias sin margen para reemplazarla, el deterioro de los caminos y los servicios básicos avanza silenciosamente. El reclamo por este punto lleva más de dos años sin respuesta efectiva.
El adelanto de coparticipación compra tiempo, pero no resuelve el problema de fondo. La pregunta que quedará abierta para La Rioja —y para el resto de las provincias que recurrieron al auxilio— es si ese tiempo alcanzará para encontrar un esquema fiscal más sustentable antes de que el ciclo electoral de 2027 vuelva a poner todo el tablero patas arriba.
