El gobernador riojano Ricardo Quintela denunció penalmente a Silvio Robles, director general de la vocalía del ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, y al ministro porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro, por considerarlos posible responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público.
La denuncia de Quintela incluye una solicitud de allanamiento y del secuestro de los teléfonos celulares para que sean peritados y poder reconstruir la información. Lo mismo había intentado Zamora.
Se trata de la segunda denuncia, después de la que hiciera el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, contra D´Alessandro y Robles, por la filtración ilegal de chats. El juez federal Guillermo Molinari -pariente de Claudia Ledesma Abdala, senadora kirchnerista y esposa del gobernador- le dio curso a la presentación y pidió a Robles que entregara su celular. Pero luego se declaró incompetente y la denuncia pasó a Comodoro Py.
A su vez, la presentación de Quintela fue ante la Fiscalía Federal de La Rioja y señala que se motiva en los hechos “referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos” de la Corte Suprema y del gobierno porteño.
Los mensajes, según indica la denuncia, “evidencian los supuestos vínculos” que D’Alessandro mantuvo con Robles, “quien oficia en la práctica como vocero y persona de su máxima confianza desde hace años” del presidente de la Corte.
La denuncia de Quintela agrega que “la connivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que las resoluciones judiciales” y de “manera particular los pronunciamientos” de Rosatti, a través de Robles, “ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”.
El gobernador riojano dice en la denuncia que “como se ve, la convivencia entre aquel espacio político y la Corte resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho, en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial, todos los cuales fueron franqueados abiertamente”.
Quintela apela a la filtración ilegal del contacto entre D´Alessandro y Robles. “Los chats publicados por la prensa dejan al descubierto que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política”, sostiene.
Según Quintela, hay un “modelo de corrupción diseñado estratégicamente entre el ministro de Seguridad porteño devenido en operador de la Corte Suprema de Justicia” y Robles, “operador para el gobierno de CABA”. Remarca que “se puede apreciar como el entramado de corrupción forma parte de un sistema de vinculaciones de favores que, trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre lo político. El predominio de CABA y en particular del Partido PRO, es una construcción jurídico-partidaria concertada entre operadores políticos y jurídicos que confluyen en resoluciones judiciales, cuyo contenido se pacta por afuera del sistema legal y pretender regir las acciones de gobierno de los poderes constituidos”.
La página de Eduardo German 