Las personas demoradas por presuntamente planificar un atentado contra bienes del Estado y la salud pública en La Rioja han sido puestas en libertad después de ser indagadas.
El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, informó que las dos personas demoradas por la presunta planificación de un atentado contra bienes del Estado y la salud pública han sido liberadas tras la indagatoria realizada. Las autoridades, tras tomar declaraciones a los implicados, procedieron a cumplir con los trámites correspondientes y afirmaron que se avanzará con la investigación analizando las pruebas del caso.
El dictamen del Ministerio Público Fiscal destaca la importancia de no desconocer el derecho constitucional de las personas a manifestarse y expresarse libremente. Sin embargo, subraya que cuando dicha actividad puede afectar bienes públicos, la salud pública u otros derechos de la sociedad en general, la protección de estos últimos bienes jurídicos adquiere preponderancia. En este sentido, se expresó que es necesario conciliar ambos derechos, tomando medidas para reducir el impacto en la sociedad.
Por otro lado, desde las redes sociales de La Libertad Avanza, se ha reclamado la liberación de los implicados, manifestando sorpresa «porque estos arrestos se propicien por utilizar redes sociales para difundir sus legítimas demandas». Se cuestiona la legalidad de detener a personas por expresar sus reclamos a través de las redes sociales, equiparando dicha acción con la práctica de planificar un acto de violencia contra Casa de Gobierno en el contexto de un reclamo salarial.
Nafta al fuego
Durante la reciente huelga policial en la que hubo un intento de toma de casa de gobierno, Fabricio Gómez, un excandidato del partido de Javier Milei, expresó que Martín Menem ya había asegurado que la provincia sería intervenida. Ante esto, La Libertad Avanza salió a aclarar que son respetuosos de las instituciones y la voluntad popular. Sin embargo, sus funcionarios exigen la renuncia del gobernador reelecto, generando tensiones en el ámbito político de la provincia.
La situación refleja la complejidad de equilibrar los derechos individuales con la protección de la paz social y las instituciones democráticas. La investigación en curso determinará si existen pruebas concluyentes sobre la presunta planificación de un atentado, mientras las voces a favor y en contra se expresan en un contexto político y social tenso en La Rioja.
Para Fiscalía un grupo de manifestantes planeaban un atentado
El Ministerio Público Fiscal de La Rioja ha iniciado acciones penales contra un grupo de manifestantes que, según las autoridades, estaban planeando un atentado contra bienes del Estado y la salud pública. La gravedad de los mensajes difundidos, que incitaban a la violencia colectiva, motivó la intervención de la Fiscalía.
Entre los mensajes que tomaron público conocimiento se encuentran expresiones como «a la casa de gobierno ahí hay que prender fuego de una vez» y respuestas que sugerían llevar elementos incendiarios como nafta y botellas de vidrio. Además, se instigaba a la destrucción de cámaras de seguridad y proponían cerrar hospitales y centros de salud, generando una situación de riesgo para la salud pública.
El dictamen fiscal subraya la necesidad de conciliar el derecho constitucional de las personas a manifestarse con la protección de bienes públicos y derechos de la sociedad en general. «Que todo ello se postula sin desconocer el derecho constitucional de las personas a manifestarse y expresarse libremente, no obstante cuando esa actividad puede afectar, como en el caso, bienes públicos, la salud pública o cualquier otro derecho de la sociedad en general, la protección de estos últimos bienes jurídicos adquiere preponderancia», señala el documento. La acción penal tiene como objetivo preservar el orden público, el patrimonio estatal y garantizar la salud y seguridad de la población.
El código penal argentino aborda la conducta de aquellos que incitan a un grupo indeterminado de personas a llevar a cabo actos delictivos e instigan a la violencia colectiva. En este caso, la fiscalía aplica la normativa ante la amenaza de prender fuego a bienes públicos y cerrar instituciones de salud, acciones que podrían afectar gravemente el orden público y generar una alarma colectiva.
Por La Rioja/12, sección digital de Página/12
