El gobernador Ricardo Quintela decidió enfrentarse con el presidente Javier Milei: previo a las elecciones, el riojano dijo que renunciaba en caso que si ganaba el libertario. Eso luego no sucedió. A horas de reasumir en su cargo, Quintela fue a la Corte Suprema de Justicia por el DNU y más tarde por los recursos extras para la Provincia.
Todo eso se dio en una provincia que depende casi exclusivamente de los recursos que envía la Nación desde siempre. La Rioja es una jurisdicción que no produce nada y ocupa los últimos lugares en materia de exportación. De esa forma, el Gobierno riojano se encamina solo a subsistir de los ingresos por coparticipación federal y de la recaudación propia, a través de los impuestos provinciales.
La semana pasada se hizo la presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la demanda riojana en reclamo de $9300 millones “adeudados y retenidos ilegalmente” por la Nación. Los patrocinantes son Andrés Gil Domínguez y el exsenador Jorge Yoma. Los fondos corresponden a lo determinado en el presupuesto 2023 para el distrito. Además, sumaron los $ 48.000 millones que estaban consignados para este año.
Gil Domínguez explicó que el Estado federal le debe a la provincia esos $9.300 millones “coparticipables, que son de La Rioja” y que para el actual ejercicio “debe pagarle $48.000 millones, debidamente actualizados y no a través de 12 cuotas sino a través del sistema de goteo diario, como es el que existe para todas las provincias”.
No son Aportes del Tesoro a las provincias, aclaró, sino “recursos propios. No hay ninguna discusión sobre este tema; la discusión está dada porque el Estado no cumple el pago”.
En 9 distritos, 7 de cada 10 pesos que administran los gobernadores proceden de la Nación y de otras jurisdicciones que aportan más de lo que reciben.
La Rioja encabeza ese ranking: 89% de sus ingresos llegan vía coparticipación y transferencias discrecionales. Le siguen Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, San Luis, Tucumán, Salta, Chaco y San Juan.
Sin pautas fijadas entre los que financian y los que reciben, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, sostiene unas 39 empresas públicas, la mayoría deficitarias; el santiagueño Gerardo Zamora construyó un megaestadio de fútbol que costó el doble de lo presupuestado, mientras los niveles de pobreza en ambas provincias superan la media nacional.
Los fondos recibidos durante años por los distritos más dependientes no lograron mejorar los indicadores sociales. La pobreza estructural no cedió.
Según la última medición del Indec, la región noreste registra el mayor nivel de pobreza con 42% y también de indigencia, 10,6%. A la cabeza, está Resistencia (Chaco), donde el 60,3% de la población es pobre. La noroeste tiene 41% de pobreza y 7,8% de indigencia; lidera Santiago del Estero, con 46,6% en La Banda.
Las más favorecidas por el esquema de distribución tampoco lograron –o no se propusieron–, en general, impulsar la actividad privada. En Formosa, alrededor de 70% de los trabajadores en blanco es estatal; en La Rioja, el 67%; en Catamarca, 65%; en Santiago del Estero, 61%; en Jujuy, 59%, y en Chaco, 56%. No se trata de una foto, es la película de las últimas casi cuatro décadas.
Media docena de provincias son “aportantes netas”. Es decir que lo que pagan de impuestos sus habitantes con destino al financiamiento del Estado nacional es mayor a lo que reciben. En valores absolutos, lidera la provincia de Buenos Aires y le siguen Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Si se considera el tamaño de los distritos, Neuquén es la más perjudicada; atrás quedan Chubut, Córdoba y Santa Fe, según un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea da cuanta que La Rioja encabeza el ranking de las provincias que más expuesta estarán a los cambios fiscales que podrían ocurrir este año producto de las medidas nacionales.
«Como consecuencia de la caída en la recaudación del impuesto a las ganancias y de otros impuestos coparticipables a provincias, las provincias más expuestas en este sentido son aquellas cuyos ingresos dependen en mayor medida de las transferencias automáticas de Nación (por coparticipación y otras leyes especiales de distribución)», explica, añadiendo que las jurisdicciones más vulnerables son Formosa y Corrientes, con 80% de sus ingresos totales, seguidas por Santiago del Estero (77%), La Rioja (76%) y Jujuy, Chaco y Catamarca (74%).
Mientras que el Gobierno no transfiere a las provincias el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario de los docentes que paga la Nación, lo que comenzó a desatar una ola de protestas en distintas provincias.
La disputa amenaza seriamente el inicio de las clases en buena parte del país, ya que ese componente que aporta la Nación representa entre el 10 y el 15% de los sueldos docentes de todo el territorio.
Los números presupuestarios reflejan a las claras la preocupación de los ministros provinciales. Según la información oficial de la ejecución presupuestaria, si bien está comprometido el envío de casi $47 mil millones –que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), representa una caída del 16,6% real interanual-, hasta ahora sólo se giraron $12 millones para todo el país. Una nimiedad.
Asimismo, según la OPC, durante el primer mes del año el Gobierno dispuso una brusca caída en los gastos de inversión en los programas “Infraestructura y Equipamiento” y “Conectar Igualdad”, ambos de la cartera nacional de Educación. Los ministros provinciales advirtieron también que estaría en riesgo el Fondo Compensador, que es un auxilio financiero de la Nación a las provincias que no puedan cubrir el valor del sueldo básico docente, que es hoy de $250.000. A fines de 2023, eran siete las provincias las que recibían esta ayuda: Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero.
Por su parte, los gobernadores e intendentes analizan qué pasos seguirán después de la decisión del ministro Luis Caputo de eliminar el Fondo Compensador para el Transporte del interior del país, tomada en medio de la confrontación de Javier Milei con los mandatarios provinciales.
Los recursos que se envían del Fondo Compensador representan del 25% al 30% del global de subsidios que van al boleto en las provincias, ya que también hay aportes de las administraciones provinciales y municipales.
Por ejemplo, en 2023, Córdoba recibió $14.500 millones; Santa Fe, casi $13.000 millones; Tucumán, $3.900 millones; Salta, $6.200 millones; San Juan, $6.425 millones y Jujuy, $5.000 millones. Todo el resto del interior estuvo por debajo. Buenos Aires, por fuera del AMBA, contó con $7.650 millones. El dinero es transferido por las provincias a las empresas.
El Fondo Compensador forma parte del sistema de subsidios al transporte público, que se organiza mediante el Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT). Tiene cinco componentes, la mayoría orientados al AMBA. Por caso, el “atributo social” (tarjeta SUBE) recién empieza a expandirse al interior. Está en 60 ciudades del país.
De acuerdo con los datos de Presupuesto Abierto de Economía de la Nación, las transferencias del Tesoro al FFSIT fueron $ 479.216 millones; de ese total, 79,7% correspondió al AMBA ($ 381.966 millones) y 20,3% a las provincias ($ 97.250 millones).
Asimismo, los gobernadores insisten en la coparticipación del impuesto PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) mientras que el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó que si eso se aprueba, el presidente Javier Milei lo vetará. Es uno de los puntos que traba un eventual acuerdo. Se trata de una caja clave, que solo en enero recaudó casi 470.000 millones de pesos a partir del tributo que pesa sobre los gastos en dólares realizados con tarjetas de crédito.
La recaudación del impuesto PAIS es el centro de la disputa; su recaudación viene creciendo de manera significativa. En efecto, durante enero aumentó 25% en términos reales respecto al mes de diciembre y se ubicó en un máximo real. Un informe del Iaraf señala que, desde la discusión política, lo relevante es que esta carga puede llegar a aportar una recaudación 2024 equivalente a 1,5% del PIB.
Es decir que, un 30%, significaría 0,45% del PIB; como por la reforma de la cuarta categoría de ganancias las provincias perderían 0,48% del PIB, el 30% de la recaudación de impuesto PAIS prácticamente las compensaría. La consultora dice que sería un “mal paso coparticiparlo”.
En el “Ciclo de Encuentros Esperanza Federal” que se realizó en La Rioja con la participación de dirigentes de esa provincia, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, Quintela planteó que “el peronismo tiene que ser un administrador y un distribuidor de los diversos intereses que tiene una sociedad”.
“Queremos un Estado presente para que actúe en donde la sociedad tiene un conflicto o donde haya una necesidad. No quiere decir que somos los que resolvemos todos los problemas, como tampoco es cierto que nos gusta la asistencia social como respuesta a todo”, añadió. En una entrevista con Clarín afirmó que Milei quiere “incendiar” las provincias.
