La Rioja reduce índices de delitos sexuales cometidos por menores, mientras otras provincias enfrentan aumentos alarmantes

Un informe de la Corte Suprema de Justicia destaca que La Rioja y Tucumán lograron disminuir los casos de delitos contra la integridad sexual, pero Jujuy, Chaco y Corrientes registraron incrementos preocupantes. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó un informe que revela una situación contrastante en las provincias argentinas respecto a los delitos contra la integridad sexual cometidos por menores. Mientras algunas regiones, como La Rioja y Tucumán, lograron reducir sus índices, otras, como Jujuy, Chaco y Corrientes, enfrentan un aumento alarmante en los casos reportados. 

En La Rioja, los esfuerzos en materia de prevención y seguridad parecen estar dando resultados positivos. La provincia redujo sus índices de delitos contra la integridad sexual del 22,9% en 2022 al 18,3% en 2023. Un caso similar se observa en Tucumán, donde los porcentajes bajaron del 27,3% al 20,4% en el mismo período. Estas cifras reflejan un avance significativo en la lucha contra este tipo de delitos en ambas provincias. 

Sin embargo, la situación es muy diferente en otras regiones. Jujuy registró el incremento más preocupante, pasando del 36% en 2022 al 62,9% en 2023. En Chaco, los casos casi se duplicaron, aumentando del 6,4% al 11,1%, mientras que en Corrientes también se observó un crecimiento significativo. Estas cifras ponen en evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y seguridad en estas provincias. 

Por otro lado, Entre Ríos experimentó un leve aumento, del 23% al 24,35%, lo que indica que, aunque no es tan drástico como en otras provincias, la problemática sigue presente. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires mantuvieron índices relativamente bajos, con un 4,2% y un 2%, respectivamente, en 2023. 

El informe también destacó que, a nivel nacional, los delitos contra la integridad sexual representaron el 32,1% de las causas penales iniciadas contra menores en 2024, ubicándose entre los cinco tipos de delitos más frecuentes. En total, se investigaron 128 casos, con 135 niños y adolescentes involucrados, de los cuales cinco eran mujeres. 

Ante este panorama, las autoridades enfrentan el desafío de implementar políticas efectivas que no solo aborden las causas de estos comportamientos, sino que también protejan a las víctimas y promuevan la reinserción social de los menores involucrados. La situación en provincias como Jujuy, Chaco y Corrientes requiere atención urgente, mientras que los avances en La Rioja y Tucumán ofrecen un modelo a seguir para otras regiones.