La Rioja utilizará reservas provinciales para sostener salarios ante el ajuste nacional

El Gobierno provincial prioriza el pago de haberes en un contexto de recortes federales. Funcionarios advierten sobre la necesidad de “apretarse el cinturón” y potenciar la minería como motor de desarrollo.

En el marco de la Primera Asamblea del Consejo Económico y Social de 2025, celebrada este jueves en el Paseo Cultural de La Rioja, el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, confirmó que la provincia recurrirá a sus reservas financieras para garantizar el pago de salarios públicos frente al ajuste fiscal impuesto por el Gobierno nacional. “Vamos a tener que apretarnos el cinturón en los próximos meses, pero estas reservas nos permitirán amortiguar el impacto y repuntar la economía local”, sostuvo. 

La medida busca evitar un colapso inmediato en las finanzas provinciales, afectadas por la reducción de fondos federales. Sin embargo, Luna Corzo reconoció que la estrategia es un “parche transitorio” y enfatizó la urgencia de fortalecer sectores productivos como la minería para generar ingresos sostenibles. “Es una oportunidad que no podemos desaprovechar: el extractivismo responsable puede ser clave para nuestro futuro”, afirmó, aunque sin detallar mecanismos concretos de control ambiental. 

La vicegobernadora, Teresita Madera, respaldó el enfoque y destacó la importancia de articular esfuerzos entre lo público y lo privado. “En tiempos complejos, necesitamos diagnósticos claros y acciones conjuntas para proteger el empleo existente y crear nuevos puestos”, señaló. Además, resaltó el rol del Consejo —integrado por más de 40 entidades, desde cámaras empresariales hasta sindicatos y universidades— como espacio para consensuar políticas. 

Preocupaciones y proyecciones 
Si bien el anuncio alivió tensiones inmediatas, persisten dudas sobre la capacidad de las reservas para sostener la demanda a mediano plazo. Expertos advierten que, sin una reactivación económica sólida, el recurso podría agotarse antes de fin de año. A esto se suma la crítica de sectores ambientales y comunidades locales, ausentes en la narrativa oficial, que reclaman mayor transparencia en los proyectos mineros promovidos. 

El secretario ejecutivo del Consejo, Carlos Abraham Luna, cerró la asamblea subrayando que “las políticas nacidas del diálogo tienen más chances de éxito”. No obstante, el verdadero desafío será traducir las promesas en resultados tangibles, equilibrando crecimiento económico, sostenibilidad y equidad social. 

La próxima asamblea está prevista para abril, donde se espera avanzar en la hoja de ruta para la inversión minera y el impulso a la industria local.