El caso del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, investigado por desviar $1.660 millones al PJ formoseño, expone un mecanismo que expertos advierten podría extenderse a otras provincias bajo gobiernos con fuerte centralización política.
La investigación federal por presunta malversación de fondos públicos contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, destapó un esquema de transferencias millonarias desde el Estado provincial al Partido Justicialista local bajo conceptos falsos de «haberes». Según la denuncia, el dinero habría sido utilizado para financiar la estructura política oficialista, violando la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos (26.215), que reserva ese rol exclusivamente al Estado nacional.
El caso, que ya tiene a la diputada Gabriela Neme como querellante, no sería aislado. Expertos consultados advierten que el uso de fondos públicos provinciales para sostener partidos políticos podría replicarse en otras jurisdicciones donde los gobiernos ejercen un control férreo sobre las instituciones. «El riesgo es sistémico: si una provincia canaliza recursos a su partido sin control, ¿qué impide que otras lo hagan?», señaló un analista político.
Claves del mecanismo cuestionado:
- Ordenes de pago con datos falsos: Las transferencias se etiquetaron como pagos a una «asociación sin fines de lucro», usando el CUIT del PJ formoseño.
- Financiamiento ilegal: La ley prohíbe a las provincias financiar partidos, pero la falta de auditorías cruzadas facilitaría estas prácticas.
- Centralización del poder: Insfrán gobierna Formosa desde 1995 y preside el PJ local, mezclando roles estatales y partidarios.
¿Por qué podría replicarse?
- Dependencia financiera de los partidos: En provincias con escasa competencia electoral, los partidos oficialistas dependen de fondos públicos para operar.
- Control de los órganos de control: Las gestiones con poder concentrado suelen dominar las áreas de hacienda y justicia local, limitando la transparencia.
- Falta de estándares federales: No existe un sistema unificado de fiscalización de gastos provinciales dirigidos a entidades políticas.
Casos similares en la mira:
En 2023, la Procuración General de la Nación recibió denuncias por transferencias irregulares en otras provincias, aunque sin avances judiciales. «El modelo formoseño es un alerta: si no hay condena, se naturalizará el uso de fondos públicos para perpetuarse en el poder», afirman fuentes judiciales.
El fallo de la Cámara de Comodoro Py que admitió la querella contra Insfrán podría sentar un precedente para investigar a otras gobernaciones. Organizaciones civiles ya exigen que la Oficina Anticorrupción audite los vínculos financieros entre gobiernos provinciales y sus partidos.
Mientras Insfrán enfrenta también otra causa por usar fondos de salud para comprar una camioneta de lujo, el caso Formosa revela una grieta en el sistema federal argentino: la opacidad en el manejo de recursos provinciales, que podría convertir a las gobernaciones en cajas de resonancia de un mismo patrón de irregularidades.
