El gremio denuncia la incertidumbre que generan los decretos presidenciales sobre el personal de organismos cerrados o descentralizados, y no descarta acciones judiciales por considerar las medidas «ilegales».
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en La Rioja encendió las alarmas: 400 puestos de trabajo estatales nacionales estarían en riesgo en la provincia. La preocupación surge tras las recientes decisiones del gobierno de Javier Milei de descentralizar y cerrar varios organismos públicos.
Alfredo Arana, secretario general de ATE La Rioja, expresó la incertidumbre que rodea a los decretos emitidos por el Gobierno nacional, los cuales no brindan certezas sobre el futuro de los empleados afectados. «Están en peligro 400 puestos de trabajo con estas últimas medidas de desregulación que se tomaron en algunos organismos nacionales porque es gente que pasa a disponibilidad», advirtió el gremialista en Riojavirtual Radio. Para Arana, «poner en disponibilidad a casi todos los trabajadores de esos organismos contenidos en los decretos hace que el panorama no sea bueno y por eso lo rechazamos de plano».
Un «desguace» del Estado y 200 despidos preexistentes
El titular de ATE La Rioja destacó que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la provincia ya registra 200 despidos de trabajadores del Estado nacional. Esta cifra incluye a personal contratado, de planta que pasó a disponibilidad, e incluso a aquellos con algún tipo de beca.
Arana denunció un «desguace» de distintos organismos, señalando que, tras estas medidas de la Casa Rosada, «no queda ningún funcionario que dé la cara para que las tareas que realizaban esos organismos puedan seguir realizándose». Además, criticó el momento en que se tomaron estas decisiones: «Todas estas medidas que se tomaron justo antes de que se le terminen las facultades extraordinarias al Presidente hace que se profundice este desguace del que hablamos desde hace un año y medio».
La situación de los trabajadores cuyas áreas fueron cerradas es particularmente inestable. «Ya van a cumplirse seis meses del cierre de algunas áreas y el registro de disponibilidad nunca se abrió, y por eso estos trabajadores nunca pudieron reinsertarse, están en el aire», cuestionó el dirigente sindical.
Ante este panorama, ATE analiza la posibilidad de volver a interponer acciones judiciales, ya que consideran que «la gran mayoría de los decretos que se han emitido son ilegales». Además, el gremio adelantó que también impulsará sus reclamos a través del Congreso.
