El gobierno nacional se prepara para demandar a la gobernación de La Rioja por el desmanejo de los fondos de los jubilados. La provincia desvió al menos USD 15 millones de un fideicomiso para un parque solar que nunca se construyó, dejando al Fondo de Garantía de Sustentabilidad sin respaldo y con una pérdida millonaria.
Un nuevo capítulo en la confrontación política y financiera entre la Nación y La Rioja podría escribirse en los tribunales. Tras el escándalo del desvío de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el gobierno nacional presentaría una demanda contra la gobernación de La Rioja por el manejo irregular de una inversión millonaria. La disputa ya no se limitaría a la arena política, sino que escalaría al ámbito judicial, con los fondos de los jubilados como eje central de la acusación.
El conflicto se originó en junio de 2023, cuando el FGS, que administra el dinero de los jubilados, compró por el equivalente a USD 49 millones bonos emitidos por La Rioja, destinados a la construcción de un Parque Solar I. El acuerdo estableció un fideicomiso para garantizar el repago de la deuda con los fondos que generara el proyecto. Sin embargo, la provincia desvió al menos USD 15 millones de ese fideicomiso para otro proyecto, sin contar con el consentimiento de la Nación.
La gravedad del asunto se intensifica con el hecho de que, tras 25 meses, la obra no se inició, a pesar de que el plazo de ejecución era de 18 meses. Esto deja al FGS sin la garantía de su inversión y con una pérdida potencial de dinero. La demanda, por lo tanto, no sería solo por el desvío de fondos, sino por la falta de un proyecto que se prometió y por el desmanejo de un fideicomiso que debía proteger la inversión.
Este caso expone de manera contundente los problemas estructurales que aquejan a La Rioja. El gobierno de La Rioja, que basó su estrategia política en culpar a la Nación por la crisis financiera, ahora enfrenta una acusación formal por su propia ineficiencia y falta de transparencia. La demanda sería un golpe demoledor para el justicialismo, que se vería obligado a responder ante la Justicia por el destino de los fondos de los jubilados y por el incumplimiento de un acuerdo que, a todas luces, no se respetó. El caso del Parque Solar I demuestra que los problemas de la provincia no se originaron en Buenos Aires, sino en el manejo interno de su propia administración.
